Una ley que nace para proteger a las personas dependientes y que las expulsa por llevar aparejado un copago excesivo, injusto, desigual y casi arbitrario es una perversión del sistema público de protección social que no podemos permitir. Un avance de tal calibre, como son los cuidados y apoyos que requieren las personas más vulnerables de la sociedad, no puede romperse por falta de recursos, ni por la crisis económica, ni por la austeridad impuesta y asumida por todas las administraciones.
La falta de una regulación para todo el país nos ha dejado copagos muy dispares e inasumibles en muchos casos. Durante los años de la larga crisis económica de España, en lugar de darle más apoyo, nuestro colectivo ha visto cómo se incrementaba sobremanera su aportación para prestaciones o ayudas.
Con un copago exacerbado, hay personas que han tenido que renunciar a su prestación de dependencia porque no disponían de recursos suficientes y, por tanto, han sido expulsadas del sistema porque no podían “pagar” sus derechos. Esto hay que cambiarlo cuanto antes y necesitamos que toda la ciudadanía firme contra el copago confiscatorio que se ha establecido en nuestro país.
Todas las personas que consideren injusto el trato y atenciones que se está proporcionando a las personas dependientes están llamadas a participar en la recogida de firmas. Es la última alternativa que nos ha quedado para conseguir claridad, justicia e igualdad en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Son nuestros derechos los que se están vulnerando y por eso necesitamos el apoyo social más que nunca, el apoyo de al menos 500.000 personas.
Down España, José Fabián Cámara
“España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Este primer artículo de nuestra Constitución expresa el deseo colectivo del pueblo español para que nuestro país se obligue a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. En nuestra opinión, el actual sistema de prestaciones económicas de nuestra Ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía no cumple con las exigencias óptimas de lo que debiera ser la promoción de la justicia y el bienestar de todos nosotros. El actual sistema de Copago en la Ley afecta de manera hiperexigente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Un Sistema de Bienestar justo debe estar orientado a apoyar y atender a las personas que viven con menos recursos o con mayores sacrificios económicos. Gran parte de las personas con síndrome de Down y de sus familias son este tipo de personas, por su naturaleza o condición a día de hoy. Por eso estamos en contra de la actual regulación del Copago al entender que se ha convertido en una herramienta excluyente y limitadora de los genuinos derechos de bienestar social que hemos querido dotar en España a las personas en situación de Dependencia. Conviene recordar que son las decisiones en los momentos de crisis o sacrificio, las que reflejan las prioridades de nuestros gobernantes. Esta petición de Iniciativa Legislativa Popular contra el copago confiscatorio, es uno de esos ejemplos de prioridad social, que demandamos y exigimos por justicia.
Feacem, Emilio Sáez
Me uno a la iniciativa del CERMI ‘Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio’ como presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM).
La campaña para la captación de firmas de impulso de la iniciativa legislativa popular de reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia rechaza el actual sistema de copago ya que carece de equidad y de justicia.
La regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones ha sido desacertada y comporta un riesgo de vaciar el derecho creado por la Ley. Por eso debe ser corregida.
Me sumo a estas reivindicaciones y hago un llamamiento a la solidaridad de toda la sociedad contra un copago injusto. La aplicación del copago en dependencia y, en especial, el dirigido a las personas con discapacidad, ha estado marcado por las diferencias en la aportación económica por parte de los usuarios.
Me gustaría que se establecieran unos criterios justos que no expulsen a las personas en situación de dependencia de una adecuada protección social y que les permitan contar con los recursos económicos necesarios para desarrollar una vida digna.
Feafes, José María Sánchez Monge
La defensa de los derechos de las personas con trastorno mental y de sus familias es la máxima que nos ha llevado a unirnos con el resto de las entidades del mundo asociativo de la discapacidad, bajo el paraguas del CERMI, en contra del copago confiscatorio,con la que esperamos se establezcan criterios de copago claros y equitativos. Nos unimos a esta iniciativa porque el actual sistema de copago en Dependencia está llevando a millones de personas a una situación extrema, que ha derivado en un escenario insostenible en el que el esfuerzo económico recae en las propias personas en situación de dependencia y sus familias.
Además, la aplicación del copago en dependencia y, en especial, el dirigido a las personas con discapacidad, ha estado marcado por las diferencias en la aportación por parte de los usuarios en función de donde residan. Y desde FEAFES, creemos que la vida y la promoción de la autonomía de una persona no debe depender de dóndeviva y que por ello nunca pueda quedarse fuera del sistema al no disponer de recursos.
Desde la Confederación vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar esta situación, ya que, entre otras consecuencias, la aplicación del copago en los centros de rehabilitación y reinserción social de las personas con enfermedad mentalhace que, en muchos casos, dejen de acudir a ellos. Esto provoca un empeoramiento en su calidad de vida y supone un freno en el desarrollo de su autonomía.
Fedace, Amalia Diéguez
Un copago excesivo resulta confiscatorio para las economías de las personas con discapacidad y lesivo para su dignidad, impide su desarrollo personal y una vida autónoma. Es necesario reconocer que las personas con discapacidad tienen mayores costes en sus viviendas, vestido, desplazamientos, ayudas técnicas, medicación, ocio... por lo que los ingresos deben ser corregidos mediante la consideración de los gastos que deben soportar. A estos gastos se suman las cargas familiares, con estancias de los hijos prolongadas más allá de lo regulado fiscalmente hasta la fecha, o el sobreesfuerzo que supone las unidades unifamiliares, las hipotecas, los cuidadores. Gastos todos ellos que son financiados parcial o totalmente por la persona con discapacidad.
Atender esta diversidad y esta problemática, pasa por desarrollar una regulación común a todos los ciudadanos españoles, mediante el instrumento legal adecuado, desarrollando un modelo flexible y sensible a la realidad de las personas y familias con discapacidad. Este y no otro, es el objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular que pone en marcha el CERMI con el apoyo de todos sus miembros este mismo mes, para la que solicitamos la colaboración de toda la sociedad para recabar las 500 mil firmas que debemos trasladar a nuestros representantes, para que se avengan a corregir este trato injusto y discriminatorio con la discapacidad.
Fespau, Pedro Ugarte
Nuestras familias ejercen de cuidadoras, cuídanos tú también
Para las familias con una persona dependiente, la promulgación de nuevas leyes debe ir encaminada a mejorar su calidad de vida, a promocionar la autonomía individual, la participación comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad. Las familias en las que algunos de sus miembros son personas con TEA, en el 70 % de los casos pertenecemos a los grados II y III de dependencia, lo que conlleva un sobreesfuerzo familiar durante todo nuestro ciclo vital en el que nos acompañan limitaciones de todo tipo: tiempo, dedicación, formación, desarrollo profesional, relaciones sociales, ocio, viajes, actos culturales, deporte... Cosas que serían naturales en cualquier familia se ven gravemente limitadas y, en muchas ocasiones, nos sentimos discriminados como miembros de la sociedad.
La naturaleza nos ha limitado y diferenciado de los demás, sin embargo, la cultura y la sociedad nos pueden proporcionar medios y condiciones que nos lleven a una mayor igualdad y dignidad, derechos fundamentales para todas las personas.
Si las medidas que regulan la participación económica en los costes de los servicios no están reglamentadas de forma gradual, equiparadas, aplicadas de forma progresiva, se convertirán en un motivo de segregación y discriminación social de nuevo para los que precisamente son sus destinatarios finales en cuanto a fines y objetivos. Permítanme que les confiese algo personal, durante el tiempo que he tardado en escribir estas 20 líneas, mi hija, ha venido tres veces para que la atendiera. Una para que la llevara al baño, otra para que le cambiara los dibujos animados de la tele y la última por que se aburría y quería salir de paseo. Pero no se inquieten, mi hija es maravillosa, depende de sus padres, vive feliz con nosotros y nos enseña cada día a vivir con algo que olvidamos a diario, cuidarnos unos a otros. La regulación de los costes de las prestaciones debe ayudar a cuidarnos, no a discriminarnos.
Fiapas, José Luis Aedo
Cuando en el año 2006 se aprobó la Ley de Autonomía personal y Dependencia, el Movimiento Asociativo de la Discapacidad en su conjunto le dimos la bienvenida. A pesar de sus carencias y deficiencias, creímos que venía a reducir las notables diferencias que se apreciaban en el grado de protección social de las personas en situación de dependencia y nos colocaba ala vanguardia de la Europa más social.
Era difícil imaginar entonces, cuando hablábamos del cuarto pilar del Estado de Bienestar, de la consagración de un derecho subjetivo, del cambio de concepción de las políticas sociales..., el perverso giro que nos deparaba el futuro: la desigual e injusta regulación autonómica de la aportación de los beneficiarios, lo que ha llevado aun copago confiscatorio que los deja fuera del sistema y provoca gravísimas desigualdades territoriales.
En el Movimiento Asociativo de Familias de Personas Sordas - FIAPAS llevamos 36 años luchando por la cohesión social,por la igualdad, por la justicia y por la equidad. En definitiva, por los derechos.
Desde FIAPAS hacemos un llamamiento a la sociedad española para que se una a esta lucha que nos afecta a todos. No sólo porque pudiéramos pensar que mañana cualquiera de nosotros o de nuestros familiarespodríamos encontrarnos en situación de dependencia, sino porque es una cuestión de derechos y de responsabilidad solidaria como sociedad. No podemos permitir que las personas en situación de dependencia vean conculcados o, aún peor, mercantilizados sus derechos más elementales.
Queremos decir alto y claro que no se trata de pedir más, asumimos un copago justo, equitativo y proporcionado, pero no nos vamos a conformar con menos. Por ello, las familias de personas sordas nos unimos a esta campaña de recogida de firmas para la ILP, con la firme convicción de que la ciudadanía española se encuentra ante una oportunidad excepcional para demostrar que su voz es escuchada y que decimos ¡no al copago confiscatorio!
ONCE, Miguel Carballeda
Hemos atravesado unos años muy duros de crisis que han conducido, en ocasiones por sí mismos y otras como excusa, a algunas actuaciones intolerables contra el estado de Bienestar pensado, especialmente, para quienes lo tienen más díficil, tanto desde el visto económico como social.
Desde el mundo asociativo de la discapacidad hemos dado buenas muestras de ser comprensivos y madurar nuestras decisiones, así como de nuestra participación activa en las mejoras dirigidas a estas personas. Y sin embargo, muchos recortes no han tenido en cuenta nuestro sacrificio responsable y han arremetido sin criterio y con excesiva dureza contra personas en situaciones graves, muchas de ellas con discapacidad.
Hace ya tiempo que dijimos NO en una marcha en Madrid al grito de SOSDiscapacidad, que tuvo incluso repercusión internacional y ha conseguido, sin duda, frenar algunos intentos por ahondar con las tijeras de las crisis en nuestro sector.
Ahora, volvemos a levantar la voz, sensata y razonablemente, y volvemos a decir que no a una normativa como la Ley de Dependencia que, loable y positiva en su diseño y en origen, ha derivado en una puesta en funcionamiento pobre, lenta, desigual e injusta. Por eso, como sociedad civil activa y respetuosa, impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que nuestra clase política reflexione y acabe con una trampa en la aplicación de la ley que, de hecho, expulsa precisamente de la necesaria cobertura a quienes menos capacidades económicas tienen.
Nos movilizaremos de nuevo para frenar prácticas que inciden en nuestra calidad de ciudadanía: todos podemos ser algún día personas dependientes y necesitar unas coberturas que el Estado ha comprometido y que ahora nos han sido burladas, sobre todo a los más necesitados.
Conseguiremos entre todos las 500.000 firmas suficientes para abrir un debate capaz de demostrar que la razón y la ciudadanía están de nuestro lado; un debate capaz de devolver a esta ley al espíritu para el que fue creada por todos.
Predif, Francisco Sardón
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con discapacidad física, PREDIF, se suma a la campaña promovida por CERMI: “Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio.
En palabras de Francisco Sardón, presidente de PREDIF, “un sistema de derechos en el que se encuadra la Ley de Autonomía Personal y atención a la dependencia no puede situar a miles de personas dependientes y sus familias en el umbral de la pobreza por acogerse a una prestación que pretende mejorar su calidad de vida y su autonomía personal, pero que debido a un excesivo y desproporcionado sistema de copago no les permite afrontar otros aspectos de su vida, ya que gran parte de sus ingresos los deben destinar a sufragar un servicio al que tienen derecho. En este sentido, hablar de autonomía personal se convierte en un eufemismo perverso”.
“La falta de equidad en la aplicación de los criterios de copago en el territorio español es un incumplimiento del espíritu de la Ley y una vulneración del derecho que acoge a las personas dependientes con un mínimo de calidad de vida con independencia del territorio donde vivan. “
PREDIF se suma y reafirma la propuesta del sector de la discapacidad organizado en torno a CERMI en el que se propone de forma específica modificar el artículo 14 de la vigente ley para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, así como el artículo 33, de modo que se incorporen garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben.
(I) La semana que viene publicaremos más artículos de las personas titulares de las presidencias de las entidades del CERMI