Acceso universal

La reforma de la Ley de Transportes Terrestres recoge avances en materia de accesibilidad

06/07/2013

La modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora una serie de avances en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad propuestas por el CERMI a los grupos políticos y al Ministerio de Fomento.

En concreto, la Ley 9/2013, de 4 de julio por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que así se denomina oficialmente, ha acogido una enmienda formulada por varios grupos parlamentarios en virtud de la cual “los vehículos destinados al transporte de viajeros deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad que reglamentariamente resulten exigibles”.
 
Este requerimiento, inexistente hasta ahora en la legislación de transportes terrestres, se añade como uno de los requisitos generales de ejercicio de la actividad de los transportistas.
 
Otro de los avances incorporados al texto del proyecto de ley por el Congreso es la inclusión de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad como miembros de pleno derecho del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, que es el órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transportes.
 
Finalmente, la ley configura como infracción muy grave “el incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos establecidas con carácter general para todos los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente señalados en el pliego de condiciones o el contrato del servicio de que se trate”, así como la conducta del personal de la empresa contratista consistente en impedir o dificultar la utilización del servicio a personas con discapacidad.
 
Con estas mejoras, la legislación estatal sobre transportes terrestres se hace más exigente en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, garantizando así de forma más intensa sus derechos a la libre circulación y a la movilidad.