"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reforma Constitución
La reforma del artículo 49 de la Constitución "saldrá adelante con un acuerdo muy amplio"
Según diputados que llegaron al consenso en 2018
21/10/2021
Diputados del PSOE, PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, PDeCAT y ERC que formaron parte de la Comisión para las Políticas integrales de la Discapacidad del Congreso en 2018 reivindicaron este jueves el consenso que se alcanzó entonces para acometer una reforma de la Constitución que refuerce los derechos de las personas con discapacidad y se mostraron convencidos de que en la legislatura actual se retomarán los acuerdos para reformar el artículo 49 de la Carta Magna con el objetivo de, entre otras cuestiones, eliminar el término ‘disminuido’.
Sin embargo, la reforma necesitará del apoyo de tres quintas partes del Congreso y del Senado para ser aprobada de forma definitiva, por lo que habrá de contar con los votos favorables del PP, que sí estuvo de acuerdo en 2018.
El proyecto de ley que el Gobierno ha presentado a las Cortes recoge, en primer lugar, la sustitución del término ‘disminuido’ por la expresión personas con discapacidad; establece la obligación de los poderes públicos de promover la autonomía y la vida personal de este colectivo; reconoce de forma expresa la protección de sus derechos y asume la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008.
Según Jordi Xuclà, exdiputado del PDeCAT y presidente entonces de la comisión, la Constitución de 1978 “recogió la realidad que en su momento existía” (a propósito de la discapacidad", con una terminología que “hoy resulta arcaica e insultante”.
“Entidades importantes del sector de la discapacidad como el CERMI y la ONCE llevaban más de 10 años pidiendo ese cambio terminológico y el 16 de octubre de 2018, el Gobierno se dirigió a nosotros, a los grupos de la Comisión de Discapacidad, para redactar un texto de reforma del citado artículo”. Dicho texto salió adelante por consenso, pero la convocatoria de elecciones impidió su tramitación.
OPTIMISMO
En opinión de Xuclà, “el texto constitucional debe reflejar la realidad actual de las personas con discapacidad” y confesó ser “optimista” respecto a la posibilidad de que el PP apoye finalmente el proyecto de reforma.
La misma idea expresó el portavoz del PSOE en materia de discapacidad entonces y actual presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Joan Ruiz, para quien “las razones que en 2018 nos llevaron al consenso siguen estando encima de la mesa”.
"Lo único que ha cambiado es que ha aparecido una nueva fuerza que está muy lejos de la media de los consensos de la mayoría de los ciudadanos de este país”, apuntó en referencia a Vox.
Por ello, indicó que “si alguno de los partidos que entonces estuvieron en el acuerdo ha variado su postura, le invito a plantear de forma discreta sus razones”. “Estoy seguro de que entre todos podemos negociar y llegar a un acuerdo”, y se mostró confiado en que el PP apoyará finalmente la reforma.
De hecho, el exdiputado de esta formación Francisco Vañó aseguró haber hablado con compañeros que le habrían asegurado que así será. “Me consta que el Partido Popular suscribe aquello que ya suscribió nuestro portavoz de discapacidad de entonces, Ignacio Tremiño”, declaró Vañó.
El problema, a su juicio, “es que este no es el momento adecuado” para iniciar una modificación de la Constitución. Tenemos un Gobierno muy inestable”, dijo, y expresó su temor a “abrir el melón constitucional” y a que esto se aproveche para abordar otros debates. Con todo, dijo estar “convencido de que antes o después, saldrá adelante”.
Por su parte, el exdiputado de Ciudadanos Marcial Gómez pidió a los grupos “arremangarse y ponerse a trabajar” para alcanzar ese acuerdo, que en su opinión también se ha visto afectado “por la aparición de una nueva fuerza parlamentaria”. “Es urgente aprobar este nuevo artículo 49 y creo que será posible”, indicó.
Según el exdiputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli, si algo ha cambiado desde 2018 “es que ahora hay más conocimiento y la demanda de cambio es mayor”. Por eso, instó a recuperar “el espíritu de diálogo y de negociación que hubo entonces, por el bien de las personas con discapacidad”.
También la diputada de ERC Carolina Telechea pidió retomar el acuerdo, ya que esta cuestión “va más allá de las ideologías”. Confesó que le sorprendió “la capacidad de llegar a consensos” que se encontró al unirse a la comisión de discapacidad en 2018. “Estoy convencida de que se puede recuperar”, manifestó.
También lo cree así el exdiputado del PDeCAT Carles Campuzano, que destacó como en 2018 “todos teníamos la conciencia de que el texto constitucional necesitaba ser reformado” en dicho artículo.
“No solo por la cuestión terminológica”, apuntó, sino “porque en 1978 se redactó conforme a un enfoque médico-rehabilitador en el que a las personas con discapacidad había que curarlas’ y ahora se entiende que sus dificultades vienen determinadas por el entorno y la falta de adaptaciones (enfoque social)”.
OPORTUNIDAD
En cuanto a los temores del PP sobre la oportunidad de plantear una reforma constitucional, Joan Ruiz afirmó que “el PP tiene la llave”. El proyecto del Gobierno se limita a unos puntos muy concretos, dijo, “y pueden apoyarlo o transaccionar modificaciones”.
En el mismo sentido, Jordi Xuclà indicó que “el Ejecutivo ya ha hecho su propuesta” y ahora el PP “tiene la posibilidad de presentar sus objeciones y transaccionar un texto común”. “Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo”, y aposto por “eliminar todo el ruido ambiental” que rodea la reforma de la Constitución. Señaló que ya se ha modificado, de hecho, en dos ocasiones de forma “puntual”.
La primera vez fue para permitir el voto y la participación política de los ciudadanos de otros países de la UE, en línea con los tratados de la Unión. “Se modificó este artículo y punto”.
La segunda reforma “tuvo lugar en agosto de 2010 apropósito de la introducción de la estabilidad presupuestaria” en el articulado. “El debate se abrió y se cerró en agosto con el apoyo de los principales partidos”, recalcó.
VOLUNTAD POLÍTICA
Según Telechea, la velocidad con que se apruebe la reforma “es cuestión de voluntad política”. El Gobierno puede cerrar el plazo para la presentación de enmiendas en una semana o esperar meses, indicó. Tras ello, llega el momento de redactar la ponencia del texto final para su debate, que de nuevo puede “ser muy rápida o no”.
Así, aseguró que la modificación del artículo 49 puede estar lista antes de que termine 2021 o “llevar más de un año”. “Me consta que el PP ha hecho aportaciones muy importantes” en otras leyes sobre discapacidad, por lo que consideró que “finalmente estará en el acuerdo”.
Según Campuzano, un efecto positivo de la reforma será “poner las reivindicaciones de la discapacidad en la agenda política”, pues el sector se “enfrenta a retos muy importantes” sobre los que la sociedad debe tomar conciencia. La discriminación, el desempleo o el mayor impacto de la pandemia, son algunos de ellos.
Finalmente, Gómez subrayó “el avance en cuanto a valores” que el nuevo texto representa. “La Constitución no contiene solo derechos, sino también valores” y estos últimos “orientan y sirven para interpretar todo el articulado”, afirmó. “Tenemos una oportunidad de inspirar toda la legislación española en el respeto a las personas con discapacidad".
Fuente: Servimedia
