A pesar del anuncio de Teresa Palahí, comisionada de CERMIS autonómicos, quien aseguraba que sería una “jornada intensa” de trabajo, la familia CERMI, agrupada en torno a varias mesas, ha disfrutado de un encuentro nutritivo, porque siempre es necesaria y útil la puesta en común y la concurrencia cuando se persigue un objetivo único: el avance y consolidación de los derechos de inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.  

 

“El movimiento CERMI es la expresión de una única realidad que tiene dos dimensiones, el ámbito estatal y el autonómico, no es una realidad jerárquica sino colaborativa”, afirmaba Luis Cayo Pérez Bueno al inicio de la conferencia. “Estamos de acuerdo, sentimos que compartimos una misión”, continuaba. 

 

En un ambiente relajado, pero laborioso, los representantes del CERMI compartieron asuntos que de alguna manera van a ocupar los próximos meses de trabajo de 2019 y serán el centro de sus agendas. Temas comunes a todos ellos, que afectan a esta estructura bidimensional y en definitiva a todo el sector de la discapacidad. Quizás el que más inquietudes despertaba, el que introdujo mayores dudas e intervenciones, fue la exposición de actuaciones para solventar los problemas creados por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la no asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral de Seguridad Social y grado mínimo de discapacidad oficialmente reconocida.

 

 

Con el fin de solventar dudas y acordar acciones coordinadas desde los territorios, han acudido a este encuentro los responsables de Feacem, Daniel Aníbal García Diego, presidente, y Josefa Torres Martínez, secretaria General. Ambos han expuesto su opinión y las gestiones que procuran solucionar este problema que “puede tener efectos muy negativos en el empleo”, según Daniel Aníbal García, quien añadía que “se trabaja mucho para revertirlo, pero se requiere estabilidad, un gobierno y un parlamento abierto que trabaje y pueda aprobar normas”. Y finalizaba asegurando que “hay compromiso político de resolverlo”. Según Josefa Torres “hay una solución legislativa en marcha” y a juicio del presidente del CERMI, “hay una voluntad clara de solventarlo, pero requiere una reforma legal, unas Cortes y un Gobierno”. 

 

“No es fácil saber cuántas personas desde 2003 se han acogido a la asimilación y están trabajando, pero podemos hablar de decenas de miles”, explicaba Pérez Bueno, quien aseguraba que no todas van a perder el empleo por esta sentencia, pero advertía del riesgo de perder “todo lo que se ha hecho por la discapacidad sobrevenida, por no desperdiciar el talento, mantenerlo, reincorporarlo...”

 

 

El otro asunto en el que se observó gran interés está relacionado con las recientes elecciones celebradas en nuestro país, tanto las generales como las autonómicas y locales. El efecto que en primer lugar procura la atención de este sector es la creación de comisiones parlamentarias, ya que un objetivo claro de la familia CERMI es contar con una comisión sobre discapacidad en cada parlamento, a ser posible con carácter permanente y legislativo.

 

Luis Javier Alonso Calzada, comisionado adjunto de CERMIS Autonómicos, explicaba la importancia de esta medida de incidencia política, calificándola como un “recurso idóneo para organizar la agenda de la discapacidad”. Hace un breve repaso de las comisiones de discapacidad que se han creado en todo el territorio y finalmente remite al ‘Comparador CERMI Territorios’, donde se puede consultar toda esta información, y muchos más asuntos de indudable interés. 

 

Según aseguraba en su intervención, “cuando se plantea esta cuestión en los parlamentos se suelen argumentar que hay muchas comisiones y si se crean más se interrumpe la labor política de los parlamentos; o que la discapacidad es transversal y ya se trata en el resto de comisiones existentes”. Y entonces, Alonso Calzada apunta que los CERMIS deben argumentar a favor de estas comisiones asegurando que contribuyen a tomar conciencia hacia la realidad de la discapacidad,  que ayudan a dar visibilidad y que fortalecen la interlocución de la sociedad civil con las instituciones. Y, por supuesto, es un claro acercamiento de la política a los hombres y mujeres con discapacidad. Para terminar, aseguraba también que “uno de los elementos que diferencian a estas comisiones es la adopción de las decisiones, en la mayor parte de los casos, por unanimidad o amplios consensos”.

 

En esta ocasión se propuso además la intervención de los representantes de los CERMIS de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, donde ya son varios años que se constituye la comisión de discapacidad. En el caso de Madrid, su presidente, Óscar Moral, calificaba el trabajo de la misma como “interesante, importante”, con participaciones del sector de la discapacidad satisfactorias, “una comisión que ha actuado con mucha agilidad y diligencia”. 

 

Finalmente, el responsable adjunto de CERMIS Autonómicos invitó a los representantes territoriales a promover el trabajo en red y fomentar el intercambio de buenas prácticas de cada una de las comisiones de discapacidad, así como encuentros anuales entre los parlamentarios de dichas comisiones.

 

 

“Quiero que hagáis vuestras las recomendaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad a España”. Así se dirigía Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, a sus compañeros de los CERMIS territoriales. “Estas observaciones no debemos verlas como un tirón de orejas, aunque de alguna manera lo son, sino como una oportunidad de cambio, de transformación, de mejora colectiva, como esa hoja de ruta a la que tiene que mirar España para que la inclusión deje de ser ese mantra y sea ese concepto que permee en el día a día de las personas con discapacidad y sus familias”, afirmaba. “Tenéis que ser los principales activos, embajadores de estas observaciones, tenéis que llamar a vuestros parlamentos, a vuestros gobiernos, a las diputaciones, a las administraciones para que las conozcan y las utilicen en las políticas”. 

 

Señalaba también Martín Blanco que no desea que estas recomendaciones generasen malestar o reticencias en los interlocutores políticos, sino “que la vean también ellos como una oportunidad de mejora”, e insistía en que estas observaciones son “evidencias muy sólidas” con las que se pueden elaborar argumentos para mostrar a las administraciones cómo hay que hacer las cosas. 

 

 

“Somos un movimiento de derechos humanos”, aseguraba en el comienzo de esta jornada Luis Cayo Pérez Bueno, pero debe ser un movimiento evolutivo, continuaba, “adaptándonos al entorno, a cambios y circunstancias, incluso anticipándonos, en la medida de lo posible, ir por delante”. Así se explicaba en su intervención inicial, con la que anunciaba la necesidad de ensanchar la agenda política territorial de la discapacidad, una “agenda susceptible de evolución y que debe ser ampliada”. 

 

Cuestiones sociales como la soledad, la importancia de la mujer con discapacidad, donde el CERMI debe estar plenamente, “con voluntad y valentía”, la necesidad de llegar a las personas con discapacidad que además tienen otro elemento de exclusión, como las personas LGTBI, la ruralidad… son asuntos que señala el presidente del CERMI a la hora de establecer estrategias de redefinición y relectura de la agenda del sector. Y entre todas ellas, también se reserva un lugar preferente a la responsabilidad de liderazgo en el Tercer Sector, un asunto que tiene su propio espacio en esta jornada de la mano de Rafael de Lorenzo, Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector.

 

En su intervención sobre la regulación legal del Tercer Sector en los territorios, de Lorenzo señalaba con énfasis en primer lugar, que la capacidad de incidencia no se basa solo en la interlocución, es necesario “llegar a acuerdos, formalizarlos, alcanzar la negociación real y directa”. Pero antes de todo, explica, es imprescindible la unidad de acción, la cohesión, “que da fuerza” y la “capacidad para hacer propuestas ajustadas a las necesidades reales del sector”, propuestas bien fundamentadas y elaboradas con rigor. Y finalmente anima a los CERMIS Autonómicos a reclamar en sus territorios el desarrollo de la Ley, allí donde ya haya sido aprobada, o la aprobación de la misma, donde aún no se haya logrado.

 

La cita de este día termina con el apunte en las agendas de tres encuentros próximos que se celebrarán en el segundo semestre del año. El Congreso de CERMIS Autonómicos, que tendrá lugar en A Coruña el 17 y 18 de octubre y el ‘III Foro social de mujeres y niñas con discapacidad’, que se celebra en Pamplona los días 21 y 22 de noviembre. Además, Valencia acogerá la ‘Convención CERMI 2019’ sobre el sector de la discapacidad los días 4 y 5 de octubre.