La primera incongruencia, por llamarlo así, está en la misma razón de ser del copago. Y así lo expone con rotundidad Luis Mayoral, gerente de Asdown y miembro de la Comisión para la Autonomía Personal del CERMI: “Al considerarse los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) esenciales en algunas comunidades autónomas (CCAA) y por consiguiente constituirse en derechos subjetivos, la persona reconocida como dependiente debiera estar exenta de aportación alguna a su financiación, sin embargo la ley 39/2006 de Autonomía Personal, determina la participación de las personas dependientes en la financiación del sistema”.

Pero una vez que el copago se ha impuesto y hay que asumirlo, surgen de nuevo más problemas, muchos más. Lo más importante lo resume Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps y autora del estudio 'La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia': “La regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema. Si la participación es muy desigual, tendremos que plantearnos si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. Creo que el que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que "copaga" una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”.

 

El sector de la discapacidad se muestra muy descontento con esta norma y su aplicación, con lo que en definitiva supone la existencia de nada menos que 17 subsistemas de atención a la autonomía personal. Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del CERMI asegura que el estudio de Inés de Araoz es fantástico: “no se pueden decir más cosas mejor dichas y en menos palabras, y sin acritud, es un estudio objetivo”. Y añade una breve interpretación de la situación actual en el copago de esta ley: “Hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa, aquí cada uno tira por donde quiere, por donde le da la gana”.

 

 

El estudio de Inés de Araoz, 'La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia', parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información, y la desigualdad territorial.

 

La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión y sobreabundancia normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del CERMI Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del CERMI explica: “Se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común. Lo que se establece a nivel general en Acuerdos del Consejo territorial, en la práctica no resulta vinculante para las Comunidades autónomas”.

 

La falta de transparencia se concreta en lo complicado que resulta, incluso para un profesional especializado, a la vista de la gran cantidad de normativa que se mezcla y superpone, determinar el régimen jurídico de la participación económica del beneficiario.

 

En la actualidad, de las 17 comunidades autónomas, ocho tiene un régimen jurídico diferente del estatal e incluso algunas lo replican sólo parcialmente, por lo que en la práctica coexisten 17 subsistemas de atención a la dependencia, explica el estudio, que además exhorta a las comunidades a que ofrezcan en sus páginas web "la información lo más actualizada, simplificada y accesible posible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla".

 

Por otro lado, existe una desigualdad territorial tan acusada que además implica una discriminación negativa dependiendo del lugar en el que se resida. La vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia es evidente, así como del principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho y resulta indudable que la participación económica de los beneficiarios es uno de los elementos nucleares o esenciales del derecho.

Y atendiendo a las actuaciones de los últimos años, el informe concluye que “el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha sufrido a nivel estatal reformas de gran calado, siendo las últimas siempre en sentido restrictivo. Se podría decir que hay una tendencia continuada a una cobertura cada vez menor del Sistema”.

 

Y así lo entiende en la Comisión de Autonomía Personal del CERMI, como expresa uno de sus miembros, Álvaro García Bilbao: “Las reformas del SAAD siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del Sistema”. Y añade: “Trasladar al colectivo de personas dependientes el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población. Además, el que recaigan las repercusiones de la crisis y el impacto de las medidas de austeridad en estos ciudadanos les podría suponer una pérdida considerable de autonomía y agravar su situación de dependencia”.

 

El informe de Araoz no se limita a señalar las deficiencias y posibles discriminaciones, sino que aporta a su vez unas direcciones posibles para que cambie esta tendencia y el sector de la discapacidad y la dependencia resulten menos afectados. Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial, y así lo explica Inés de Araoz: “La solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de todas las partes, ya que en el Consejo Territorial participan las Comunidades Autónomas con mayoría. El Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica de los beneficiarios deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites que en el Acuerdo se establecen. Concretamente el apartado 6.5 de la Resolución de 13 de julio establece que las comunidades autónomas o Administración competente, podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas”.

 

Y añade: “Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, y que de conformidad con las Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se conserven los niveles previamente alcanzados”.

 

Y aunque se alcanzara ese acuerdo en el Consejo, Araoz recuerda lo siguiente: “No debemos olvidar que las Comunidades Autónomas tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de Acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que en determinados aspectos ya están mejorando esos criterios mínimos”.

 

La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, como expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del CERMI: “Lo más grave de todo, y lo explica muy bien Inés en su informe, son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del Copago en cada Comunidad. Sería importante que el Ministerio recuperara la competencia de, por lo menos, descompensar esas desigualdades territoriales que, cuando padeces una enfermedad poco frecuente, se presenta en todos los ámbitos (servicios sociales, sanidad, educación etc…)”.

 

En ese mismo sentido se pronunciaba también Marta Cano, representante del CERMI Cantabria en la Comisión para la Autonomía Personal del CERMI: “El derecho a los servicios sociales debe equipararse con el derecho a la educación y la sanidad, y por tanto el copago se debería contemplar únicamente para los servicios de manutención (comedor, alojamiento…), y  en cualquier caso, siempre garantizándose que la persona disponga de unos ingresos dignos que le permitan cubrir sus necesidades básicas y participar en la comunidad con igualdad de oportunidades. Por otro lado, se deben evitar los cambios continuos en los criterios de copago que tanta confusión, inseguridad e inestabilidad están ocasionando en las personas y sus familias, así como solucionar las importantes desigualdades que se están dando entre las personas en función del territorio en que residan”.

 

Son cifras de miseria. Es una de las continuas quejas que se escuchan en los entornos más desfavorecidos y a su vez objeto de recortes o copagos. Y ante esta situación, Roser Romero pide un poco de sensatez y sentido común: “Queremos poner esto en evidencia pero hasta ahora no hemos conseguido que nadie nos escuche. Pedimos un poco de sensatez y de sentido común y que tengan presente y en cuenta que por más que ahoguen al colectivo de personas con discapacidad o al colectivo de mayores, los problemas de este país no se van a salvar con las aportaciones por copagos de todo tipo. Estamos hablando de cantidades de miseria, cantidades que están por debajo del umbral de la pobreza y aquí se nos llena la boca hablando de los pobres, o de los inmigrantes, que no digo que no se deba hablar ni de los pobres ni de los inmigrantes, pero eso no significa que se tenga que dejar al margen a otro tipo de población. Dentro de los pobres también está la discapacidad y ya llegando a la práctica miseria”.

 

Además, a su juicio, este país tiene otros recursos y debe utilizarlos: “Es cierto que estamos muy endeudados, pero también es cierto que este país tiene mucho dinero, porque diariamente salta un escándalo. Eso significa que este país sigue teniendo dinero, que lo saquen de donde puedan, no de la gente que saben que no van a oponer resistencia porque no tienen capacidad de oponer nada, y que son los más vulnerables. Con este tipo de población se atreve cualquiera, y solucionar los temas a través de esta población me parece muy pobre”. 

 

Carlos Esteban, vicepresidente del CERMI Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del CERMI, hace referencia a la ley de autonomía personal con su nombre más popular, Ley de Dependencia, porque “de autonomía no queda nada”. Y añade: “El copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse. Es fundamental que todas las personas tengan derecho a un mínimo vital para sus gastos, sobre todo ahora que se han reducido las prestaciones farmacológicas”.

 

Para Francisco Sardón, presidente del CERMI Castilla y León asegura: “Las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza”.

 

Anxo Queiruga, presidente del CERMI Galicia, advierte del peligro que puede tener la deficiente aplicación del copago: “Les recomiendo a los responsables del diseño del sistema de copago que tengan mucho cuidado con expulsar a las personas que son más frágiles del SAAD. Puesto que si sus escasos recursos los tienen que aportar a la magra economía familiar, no pudiendo hacer frente al copago, en un periodo de tiempo muy breve veremos disparados los índices de gran dependencia y el coste de hacerle frente”.  

 

En definitiva, como apuntan desde el CERMI La Rioja, “el cálculo del copago se realiza con una gran heterogeneidad, lo que resulta contrario al principio de igualdad que inspira el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”.

 

Queda la esperanza de que las cosas cambien, como indican desde Fiapas al presentar su solución en lo que se refiere a la atención a menores con discapacidad auditiva: “Confiamos en que el esperado nuevo espacio sociosanitario garantice la necesaria coordinación interadministrativa e interprofesional entre los ámbitos de sanidad y servicios sociales que, junto al de educación, están directamente implicados en la protección de  los menores, con objeto de ofrecer una atención integral, articulada en torno a las familias, y en colaboración con las entidades del Tercer Sector especializadas en Atención Temprana y en el apoyo a las familias”.