Lo primero fue el caos. 

Lo segundo, más allá del caos: Incertidumbre, temor y confinamiento.

Y después ocurre que aumenta esa incertidumbre y el miedo se hace dueño de las calles y caminos, en nuestra tierra, en nuestro hogar. 

La información necesaria comienza a emitirse por múltiples canales. Estado de ALERTA.

Millones de ciudadanos se atrincheran atentos a los MENSAJES, avisos y recomendaciones.

La información no llega, no se entiende, NO ES ACCESIBLE.

Miles de ciudadanos están aislados, desinformados, DISCRIMINADOS.

 

“En un primer momento se detectaron muchas quiebras a la accesibilidad universal porque ninguna de las comparecencias de los mandatarios o portavoces incluía medidas de accesibilidad, en un momento crítico y de conocimiento de medidas que son necesarias para protegernos y proteger a los demás”, denuncia Jesús Martín.

 

 

No se incluyó ni el subtitulado ni la lengua de signos, pero tampoco se acordaron de la accesibilidad cognitiva y, una vez más, “han tenido que ser las propias entidades de la discapacidad las que han tomado la delantera, haciendo la labor que le correspondería a las administraciones públicas”. 

 

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) reclaman desde el primer día de esta crisis que se garantice la accesibilidad de la comunicación y la información durante la pandemia de coronavirus, para no dejar atrás a las personas sordas o sordociegas. El presidente de Fiapas, José Luis Aedo, denuncia que "las personas con discapacidad auditiva son ciudadanos españoles como el resto y tienen el derecho a que la información les llegue en formatos accesibles" y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, advierte de que “el acceso a la información en tanto que derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, no puede ser un privilegio ni cuestión de mayorías”.

 

Jesús Martín denuncia que tampoco se está garantizando la accesibilidad en los sistemas telefónicos de atención y asesoramiento en tema de Covid, “hoy mismo hemos puesto una queja, tanto ante la Oadis, como al Defensor del Pueblo, para que las aplicaciones que se están lanzando sean accesibles”. 

 

Y señala con preocupación las dificultades de un colectivo, el de las personas sordociegas, que acusan en mayor grado esa falta de información accesible y que requieren de un sistema de comunicación muy delicado en estos tiempos, pues los guías intérpretes necesitan un contacto directo con los usuarios, de ahí la necesidad imperiosa de protegerles especialmente frente al contagio que supone esa cercanía. 

 

 

Y aunque la accesibilidad informativa no se ha logrado en su totalidad, y tras reconocer que sí ha mejorado considerablemente, gracias sobre todo a la colaboración y el trabajo de las propias entidades, pronto se observó una situación complicada que podía suponer una terrible discriminación hacia las personas con discapacidad: “Hay un asunto nuclear en esta situación, que es el derecho a la vida, y se han detectado documentos que provienen de sociedades científicas que no responden a mandatos de derechos humanos y que hacen alguna ponderación por razón de discapacidad o de edad; estos textos dan lugar a que veamos a las personas con discapacidad, a las personas mayores, como descartables ante situaciones críticas en el sistema de salud; nosotros denunciamos que no se pueden priorizar vidas frente a otras ante el riesgo de un colapso sanitario, hay que ver paciente por paciente”.

 

Mateo San Segundo, presidente de Down España, expresaba así su preocupación ante esta posibilidad: "Nuestra preocupación ha sido y sigue siendo que se diera algún caso de alguna persona con síndrome de Down que no fuese bien atendida o que se llevara a cabo algún tipo de triaje negativo, de descarte de personas con síndrome de Down, lo que sería una discriminación por razón de su discapacidad" y aseguraba que estarían muy atentos y actuarían de manera inmediata en caso necesario.

 

El CERMI denunció ante el comité de bioética y ante el ministerio de Sanidad la existencia de algunos documentos “que son peligrosos porque pueden convertirse en prácticas, en políticas públicas sanitarias”, asegura Jesús Martín. Una vez más, “se hicieron informes para que se garantice una asistencia sanitaria sin discriminaciones y se protegiese el derecho humano a la vida sin ningún tipo de excepciones”.

 

 

Muchas personas con discapacidad tienen una salud más precaria y mayor riesgo ante las infecciones, como es el caso del coronavirus, y por eso es necesario también que se extremen las medidas de vigilancia y protección. Y así lo denuncia el delegado del CERMI para los Derechos Humanos: “No se prioriza la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas ni a los trabajadores que conviven con ellos y les atienden, y también hay personas con discapacidad que viven en sus domicilios y requieren de grandes apoyos y asistencia personal y necesitan equipos de protección, así como la desinfección de las instituciones”. 

 

Esta crisis, además, ha puesto en evidencia una situación que el CERMI viene denunciando desde hace ya tiempo, y es que “tenemos que emprender un plan de desinstucionalización, de apostar por la vida en común, tal y como expresó el propio Comité de Naciones Unidas en una recomendación en el último examen a España, porque además estos espacios de vida colectiva son más propicios al contagio”. 

 

Hemos visto situaciones de residencias donde las entidades están asumiendo todo el trabajo y con una situación muy gravosa para ellos que a menudo tienen que hacer además un adelanto dinerario importante, continúa Jesús Martín. 

 

 

Pasaron apenas unos días, incluso algunas horas, antes de que un determinado sector de la población con discapacidad advirtiera del peligro que presentaba el confinamiento para algunas personas. “Se advirtió al Gobierno de que había personas con discapacidad psicosocial o trastornos del espectro del autismo que no podían permanecer en su domicilio indefinidamente y necesitaban acceder a la vía pública para evitar episodios de colapso personal o con grave afectación de su conducta y conseguimos que el ministerio de Sanidad publicara una instrucción para establecer criterios interpretativos sobre estos casos como una necesidad terapéutica”, explica Martín.

 

Solucionado el tema legal, la cuestión más puramente administrativa, quedaba pendiente el tema cívico o de convivencia y respeto social, porque muchas personas no conocen ni entienden esta realidad y “se convirtieron en policías de balcón e increparon e insultaron a algunas personas con discapacidad que salían a pasear, hasta el punto que hubo quienes, en su afán de protegerles propuso medidas como poner un brazalete distintivo, a lo que el CERMI se opuso radicalmente, porque la privacidad es un derecho y nadie tiene que ser señalado”, expresa tajante del delegado del CERMI.

 

Esta situación no se ha resuelto y todavía se suceden numerosos episodios denunciables tal y como expresa Autismo España, “tras la Instrucción del Ministerio de Sanidad del 19 de Marzo, las personas con TEA pueden salir a la calle, solas o acompañadas,  cuando su estado de salud así lo requiera, a pesar de ello, todavía se siguen sucediendo escenas de insultos, increpaciones desde ventanas y balcones, o falta de conocimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el derecho que les asiste y que es inherente a todas las personas con autismo”.

 

Desde Salud Mental España se aplaude la iniciativa del Ministerio del Interior de recordar a la sociedad que es necesario respetar los paseos terapéuticos de las personas con discapacidad intelectual y autismo, no obstante, reclaman que en futuras comunicaciones se haga también mención específica a las personas con problemas de salud mental, cuyas salidas con este fin también están recogidas por la normativa que regula la limitación de la circulación durante el estado de alarma.

 

 

Los menores han sido objeto de serias discriminaciones en estos tiempos difíciles, y así lo denunció también el CERMI y las entidades de la discapacidad. “Se han emitido programas especiales para el aprendizaje en casa sin contar con la lengua de signos española, ni la audiodescripción, y tampoco es accesible para discapacidad intelectual”, expresa Jesús Martín, que asegura que estos hechos “comprometen el derecho a la educación de los menores con discapacidad”.

 

Tal y como denuncian en Plena Inclusión, "el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo se ha convertido, con el cierre de los colegios, en un grupo especialmente vulnerable debido a las dificultades que tiene para seguir desde sus hogares los contenidos que se están facilitando a través de internet; buena parte de los 68.947 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual (dato del Ministerio de Educación), están desconectados desde que comenzó el confinamiento de la actividad académica. Si se tiene en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales, la cifra sube a 722.000 jóvenes de centros ordinarios y específicos de toda España".

 

Finalmente, no hay que pasar por alto las evidentes dificultades que se sumaran en el futuro a las ya existentes en el empleo para las personas con discapacidad: “Las previsiones económicas calculan que sufriremos una importante crisis que va a afectar en primer orden a las personas con discapacidad que ya tenemos menos oportunidades en el acceso al empleo y contratos más precarios, y también va a afectar a los Centros Especiales de Empleo, por posibles expedientes de regulación de empleo ante un descenso en la demanda de producción”, asegura Jesús Martín. 

 

Por esto y muchas otras cuestiones desde el CERMI “trabajamos por alcanzar medidas como la renta mínima, que palíe la previsible situación económica que afectará de forma más violenta a las personas con discapacidad y también para que todas las medidas tengan un enfoque de género y se proteja a las madres y cuidadoras también, además de luchar cada día por la propia sostenibilidad de las organizaciones de discapacidad, porque esta situación puede dejar en suspenso o tremendamente debilitados los servicios de apoyo a la inclusión que ofrecen las o incluso comprometer la propia supervivencia de muchas de nuestras organizaciones, por la falta de apoyos, subvenciones, etc.” 

 

Para evitar más discriminaciones, para combatirlas y para reclamar los derechos más fundamentales, en primer lugar el derecho a la vida, en el CERMI trabajan “poniendo todo nuestro esfuerzo y talento para que nuestras organizaciones tengan un arsenal de documentos e instrumentos, herramientas, que sirvan de escudo ante esta terrible pandemia, hemos hecho un trabajo importante con autoridades de la ONU, de la comisión europea, la OMS... y denunciamos numerosas situaciones prácticamente a diario, hemos hecho un prontuario para que nuestras organizaciones conozcan sus derechos y las discriminaciones que deben denunciar, estamos haciendo informes sobre el impacto del covid, un argumentario jurídico para que las organizaciones conozcan instrumentos del estado de derecho para reivindicar y denunciar quiebras, la Fundación CERMI Mujeres ha hecho una guía sobre la violencia de género…”, enumera Jesús Martín, quien no se cansa de reivindicar una cuestión prioritaria, de dignidad y de respeto, una cuestión de humanidad.