"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Gasto público de las administraciones en materia de discapacidad en España - Editado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
Medir el gasto público en discapacidad y evaluar las políticas aplicadas
24/07/2015
Blanca Abella
La importancia del saber no debería discutirse y menos aún la del buen uso que puede y debe hacerse de ese conocimiento. El sector de la discapacidad necesita saber y conocer muchas realidades que lo condicionan e incluso limitan su actividad y el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, saber lo que gasta o invierte la Administración Pública para reducir la discriminación por discapacidad es muy importante para evaluar cualquier política pública. Un estudio del Observatorio Estatal de la Discapacidad logra dar con una fórmula que mide ese gasto público y que se puede aplicar en todos los niveles de la Administración. El fin último es contribuir a la investigación y el buen diseño de esas políticas.
Advierten además los autores de este trabajo de la complejidad que implica una medición del gasto público en discapacidad. Una de las intenciones del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es la de propiciar un debate y reflexión conjunta a la que se invita a público e instituciones interesadas, con el objetivo último de alcanzar el mejor instrumento de medición posible.
“Este trabajo forma parte de las iniciativas del OED para la difusión de información relevante sobre la población con discapacidad en España”, afirman desde la OED los autores del estudio.
Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el CERMI y la Universidad de Extremadura.
Y ¿qué se espera de este trabajo tan minucioso?, “esperamos que con el tiempo de aplicación y el perfeccionamiento del Instrumento, establezcamos una línea de investigación y difusión de información muy relevante para el diseño de las políticas públicas dedicadas a la eliminación de la discriminación por discapacidad”, afirma Agustín Huete, técnico del OED.
Según el OED, “es muy importante que la información sea completa, accesible y transparente”. Las fuentes de información deben facilitar los datos con claridad para reducir o anular el margen de error. “La discapacidad es un fenómeno disperso en la población, y además es una forma de discriminación que se asocia con otras. Por tanto afecta más a personas en situación de privación económica, o a las mujeres, que sufren ya otras formas de discriminación. Nuestro objetivo es medir el gasto específico en reducción de la discriminación por discapacidad, por lo que cuanto más clara sea la información al respecto, menos error tendrá el resultado”, explican en la OED.
Conceptos y retos
A continuación se van acotando otros conceptos, como es ‘gasto’, o ‘gasto social’, el ‘esfuerzo’ o la ‘intensidad’ del gasto, y una serie de definiciones que finalmente concluyen en la siguiente exposición: “el concepto de gasto social haría referencia a los recursos destinados a la financiación de planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función (educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente de financiación (pública, cofinanciada por los “beneficiarios”, donación privada o donación del exterior) y de la partida de gastos a los que se destinan (gastos corrientes y de capital)”.
Uno de los retos que se plantean en este trabajo es el relacionado con la descentralización de competencias en las Comunidades Autónomas en materia de discapacidad, por una parte, y en materia de dependencia, por otra, lo cual supone una complejidad extraordinaria si, además, se pretenden medir los esfuerzos tanto en prestaciones económicas como en especie, tal como hace la metodología SEESPROS (sistema integrado de estadísticas de protección social dependiente de la oficina estadística europea, Eurostat, que proporciona información comparable entre los países europeos de los beneficios sociales a los hogares y su financiación). Se plantea un tercer reto en relación con el gasto en atención a personas con discapacidad en los municipios, de difícil solución a partir de información registrada en presupuestos y otros documentos de carácter público.
En el resultado final que se ofrece, el modelo parece resolver los principales retos, ya que “el Modelo está preparado para ser aplicado en todos los niveles de la Administración”, asegura Huete, eso sí añade, “en el nivel local sería imposible de aplicar en todos los municipios (más de 8000), por lo que hacemos estimaciones a partir de una selección de varios municipios representativos (por desarrollo socio económico y tamaño de la población)”.
Y, tras las definiciones, retos y planteamientos iniciales, lo que logra finalmente el estudio es una fórmula: “Fundamentalmente es una fórmula, que se desarrolla en varias, según los niveles competenciales. Aunque parece un asunto complejo, en realidad es sencillo: tratamos de cuantificar tres grandes partidas: gasto en prestaciones, gasto en servicios y gasto en soporte (la infraestructura y el personal necesario para que las prestaciones y los servicios se gestionen). Este concepto se aplica de manera similar, aunque adaptada, a los diferentes niveles de la Administración: General, Autonómica y Local”, explican en el OED.
Método definitivo
Para poder completar esa fórmula y resolverla, es necesario contar con una buena colaboración, basada en la extracción de datos, un tema que podría ser delicado aunque parece que va mejorando, según relata Agustín Huete: “Nuestra principal fuente de información son los presupuestos generales del Estado y de las CCAA. La información sobre gasto púbico es abierta, aunque en ocasiones muy difícil de localizar, por lo que se precisa hacer un trabajo muy fino si queremos recoger información completa. Afortunadamente, las Administraciones van entendiendo que la transparencia y el acceso fácil a la información sobre la gestión y el gasto público son indicadores de calidad democrática, y con el paso del tiempo es más sencillo localizar la información”.
El modelo está pensado para añadirse en un capítulo al “Informe Olivenza”, que el OED realiza anualmente y resulta un instrumento fundamental, como exponen en el OED: “La información sobre esfuerzo económico de la Administración Pública para reducir la discriminación por discapacidad es una forma muy importante (aunque no la única) de evaluar cualquier política pública”.
