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viernes, 09 de febrero de 2018cermi.es semanal Nº 289

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Reportaje

Presentación del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’

Esterilización forzosa, la tortura silenciosa

09/02/2018

Blanca Abella

En defensa del pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, la Fundación CERMI Mujeres denuncia de manera pública las prácticas de esterilización forzosa que se siguen realizando en pleno siglo XXI en nuestro país. Cada año, en torno a cien mujeres con discapacidad son esterilizadas, a menudo sin ser informadas o tras una triste intervención judicial que aniquila su capacidad jurídica. Es necesario acabar con una práctica ‘legal’, que sin embargo contraviene normas internacionales que nuestro país ha ratificado. La Fundación CERMI Mujeres ha presentado un informe sobre esta dolorosa realidad que, por otro lado, apenas está contrastada por datos oficiales, lo que aumenta la denuncia y demuestra la opacidad de estas acciones que se ejercen como un acto claro de violencia contra la mujer.

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, y Almudena MartínPongamos que se llama Rosa, aunque no conocemos su verdadero nombre, lo que sí sabemos es que Rosa tiene una discapacidad y que tuvo un hijo. Cuenta Rosa que la propia ginecóloga que le atendió en el parto fue a verla poco después y le dijo: “Ya te he dejado preparada”. La había esterilizado. Sin su conocimiento. Sin su permiso. Sin información previa. Con esa violencia de la imposición. Y así lo supo Rosa.
 
Los casos de Patricia, o de Elisa, Nieves, Elena… son distintos, aunque ellas también tienen discapacidad y su historia un mismo final, la esterilización forzosa. Acudieron a un juzgado con sus familias, aconsejadas a veces por médicos, o por alguna institución, quizás por alguien del sistema educativo. Todo es por tu bien, les decían. Ellas comparecieron ante el juez con esa desinformación y lograron así la privación de su capacidad jurídica como paso previo a la esterilización. Más violencia. 
 
En casi toda Europa se relatan miles de historias similares, tristemente permitidas por una legislación que se escuda en mitos sobreprotectores y sexistas. Por eso, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) han decidido activar la denuncia de estos casos con una campaña en la que además demandan, a quien corresponda, la revocación de “cualquier norma contraria al pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad”, afirma tajante Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM
 
Ambas entidades han trabajado de manera conjunta en el informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’, donde presentan una serie de recomendaciones para prevenir esta práctica o, mejor, para terminar con ella. Además, recogen en este informe las justificaciones que se esgrimen a la hora de la esterilización y las consecuencias negativas de la misma. Y por supuesto, se pone de manifiesto la estrecha vinculación entre la esterilización y la privación de la capacidad jurídica. 
 

La esterilización, sus mitos y consecuencias

 
Imagen de la presentación del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’Según el Convenio de Estambul (sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica) la esterilización forzosa constituye un delito. Se trata de una práctica que se lleva a cabo “contra” muchas personas con discapacidad, en especial mujeres y niñas con discapacidad intelectual, del desarrollo o discapacidad psicosocial.  Se admite incluso que constituye un acto de violencia y una forma de control social, “una forma específica de mutilación genital femenina”, asegura Ana Peláez, quien explica que precisamente por eso presentan el informe, en la sede de del Consejo General de la Abogacía Española, en el Día Internacional de la tolerancia cero con la mutilación genital femenina. 
 
La esterilización forzosa es una práctica común en la mayoría de los países, según afirma Ana Peláez, “en países que se saben desarrollados en derechos humanos”, como España. “La esterilización forzosa en esta población es incluso legal, en gran parte de los países de la UE y de otros países, es una práctica general contra una mujer con discapacidad tras una violación o abusos sexuales, después de abortos forzados, o a menudo como consecuencia de situaciones de incesto”, relata la vicepresidenta ejecutiva de la FCM. En muchos casos, incluso la esterilización es un requisito previo para determinar el acceso a una institución, generalmente dirigidas a personas con discapacidad intelectual o a personas con enfermedad mental.
 
A lo largo de la historia, se han esgrimido muchos mitos para justificar las esterilizaciones de las mujeres y niñas con discapacidad, tal y como enumera Ana Peláez: “se hace por el bienestar de la sociedad, de la comunidad o familia, por la incapacidad de las mujeres con discapacidad de ser madres y de cuidar de hijos e hijas, por el propio bienestar de nosotras, mujeres y niñas con discapacidad ante lo que es el abuso, la violencia o posibles embarazos…”. 
 
Y sin embargo, en ocasiones, esta práctica favorece precisamente el uso de la violencia contra las mujeres con discapacidad, pues la esterilización provoca un aumento de los abusos sexuales en el entorno de estas niñas y mujeres. Es una de las terribles consecuencias de la esterilización forzosa que, a su vez, puede ocasionar problemas de salud, sociales e incluso legales. En el informe elaborado por la FCM, algunas mujeres describen así sus sensaciones tras una esterilización: “lamento pensar que no tengo identidad sexual”, “para mí es vivir con una pérdida”, “me siento rechazada”, “te roban la sensación de ser mujer”, “se trata de una falta de respeto hacia nuestra manera de pensar cómo queremos vivir”. 
 

Opacidad de datos

 
Las consultas que ha realizado la FCM para conocer y visibilizar la realidad de las esterilizaciones forzosas en nuestro país han arrojado unos resultados ciertamente opacos. "Uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”, explica Isabel Caballero, coordinadora de la FCM.
 
Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI MujeresLos datos existentes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan que el número total de casos resueltos asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos no se hallan desagregados por sexo. Sin embargo, la experiencia y el trabajo elaborado en esta materia durante años por la FCM les lleva a afirmar que en el 90 por ciento de los casos se trata de mujeres. Según denuncia la coordinadora de la FCM: “Las esterilizaciones tienen un claro sesgo de género según nuestra práctica cotidiana y todo esto forma parte de ese modelo de la prescindencia, vivimos en una sociedad que todavía considera que hay personas prescindibles”.
 
Tampoco existen cifras de los años 2014 y 2015, pero la FCM conserva los datos de ejercicios anteriores. Concretamente, en 2005 se resolvieron 85 procesos; en 2006, 109; en 2007, 75; en 2008, 96; en 2009, 112; en 2010, 127; en 2011, 102; en 2012, 80, y en 2013, 79 casos. En suma, "más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año”, aseguraba Isabel Caballero.
 
Durante la presentación del informa, Ana Peláez aseguraba además que: “Pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la FCM y de otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos, en la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente, o tras el nacimiento de un primer hijo o hija”.
 
La ausencia de cifras y otros datos pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.
 
Dicho Comité lamentó la escasez de datos desglosados sobre las personas con discapacidad y recordó que esa información es indispensable para comprender la situación de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Por todo esto, una de las reclamaciones de la FCM, en palabras de Ana Peláez, es un mejor y mayor conocimiento de esta realidad: “Es preciso desarrollar un estudio completo sobre las prácticas de esterilizaciones que se están dando todavía en nuestro país, prácticas vinculadas a incapacitaciones legales pero también prácticas que se dan en otros entornos, contrarios a la norma, como son las que se producen inmediatamente después del primer alumbramiento de una mujer con discapacidad, o requisitos que se exigen cuando se incorpora a una institución, especialmente dirigida a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. Es preciso que esa situación sea transparente”.
 
Según expresa también Isabel Caballero: “Nos manejamos en una nebulosa porque además hay conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, se habla del mayor interés de la persona afectada, pero ¿cómo y quién valora ese mayor interés?”.
 

Testimonios y apoyos

 
Almudena Martín, madre con discapacidadAlmudena Martín acude a la presentación del informe para demostrar que se puede, ella es madre con discapacidad y así lo expresa, contundente y orgullosa: “Soy madre de un niño de 20 años por decisión mía. Tenía muy claro que quería ser madre, quería que ese niño naciese. Tengo inteligencia límite y soy autónoma, saqué unas oposiciones y no dependo de nadie, mi hijo está a mi cargo y es un niño sano e inteligente, ¿por qué perder el derecho y el privilegio de ser madre cuando una mujer puede gozar de esa alegría? Mi hijo me da vida”.
 
Virginia Felipe, senadora de Podemos y mujer con discapacidad, asiste también a la presentación para mostrar su conformidad y apoyo a las reclamaciones de la FCM, pero además, ofrece de manera espontánea su testimonio: “Quiero dar mi testimonio. Desde pequeña había deseado ser madre y yo misma tenía mis prejuicios porque a las mujeres con discapacidad se nos educa con la idea de que somos asexuadas... Cuando me quedé embarazada mucha gente dijo que a todas las tontas nos daba por lo mismo. Los doctores me aconsejaron el aborto y tras el parto me comentaron la posibilidad de ligarme las trompas pero no quise… Tuve otro hijo a los cinco años… Cada persona es única, y es importante que las mujeres que damos ese paso contemos nuestro testimonio para que otras mujeres que tienen miedo lo vean y se visibilice esta realidad. Es muy importante concienciar para que las barreras mentales, que nos hacen muchísimo daño, desaparezcan”. Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres junto a la senadora de Podemos, Virginia Felipe
 
Ellas han sido madres, a pesar de las resistencias que han encontrado en su camino, pero muchas otras mujeres con discapacidad no han podido ni siquiera plantearse si deseaban o no serlo. Por eso la idea de convocar este acto, por eso las campañas impulsadas y por eso el trabajo continuado e insistente de la FCM. Y también, por todas estas razones, tras la presentación del informe de la FCM, los dirigentes de organizaciones de la discapacidad directamente afectadas por este tema y miembros del CERMI, quisieron respaldar la acción de la FCM y manifestar públicamente su postura decidida.
 
Nel Anxelu González, presidente de Salud Mental España, se expresaba así de contundente: “Queremos sumarnos a la denuncia sobre la realidad de violación flagrante de los derechos y situación complicada por la que pasan las niñas y mujeres con problemas de salud mental a causa de prácticas como la esterilización, el aborto o la anticoncepción forzada. Quiero añadir una perspectiva más: la percepción de la idea castradora que procede del estigma y de un modelo psiquiátrico determinado que mantiene que las enfermedades mentales son hereditarias, introducen elementos como el miedo y la culpabilidad, que distorsionan la libertad de elección en cuanto a la maternidad de las mujeres con enfermedad mental. Esta idea es merecedora de total rechazo y debe ser erradicada y cambiada por el apoyo y la información que sea necesaria. Por ello reclamamos que todas las mujeres, y en especial las mujeres con problemas de salud mental, puedan ejercer su derecho a elegir y decidir sobre su cuerpo, sobre su propia vida, algo que responde ni más ni menos que a un principio de derechos humanos inherente a cualquier persona”.
 
Dirigentes de Autismo España, Salud Mental España y Plena inclusiónEnrique Galván, director de Plena inclusión, intervenía también con firmeza y expresaba el apoyo de la entidad: “Y nuestro compromiso para trabajar de manera activa en la modificación de la legislación y de las prácticas que eviten la vulneración de los derechos de los que estamos hablando. El pasado 18 de octubre plena inclusión aprobó un posicionamiento sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en el mismo se pedía respuestas complejas y sistemas de apoyo suficientes para una vida plena de todas las personas … Estamos ante uno de las mayores vulneraciones de derechos del Estado español e instamos a que se tomen las medidas suficientes para poder poner en valor la vida de todas las ciudadanas de este país. Como decía Adela Cortina, también tenemos que buscar como movimiento asociativo las habitaciones oscuras, donde el secreto, donde el silencio, donde la complicidad hacen posible que las injusticias se perpetúen”. 
 
Y finalmente, Jesús García, director de Autismo España comenzaba su testimonio con una anécdota extraída de un artículo, que daba muestra de la desinformación que existe en torno a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA): “Se decía que el autismo no podía tener origen genético porque las personas con autismo no tenían hijos”. A su juicio, una clara muestra de desinformación, incluso de falta de ética. “Desde Autismo España queremos sumarnos a la denuncia de la situación desfavorable para niñas y mujeres con TEA, las prácticas de esterilización, aborto y anticoncepción forzadas. Reclamamos que las mujeres con TEA puedan ejercer su derecho a elegir controlar sus cuerpos… y exigimos que se erradiquen todas las actuaciones que generan discriminación por una cuestión de género”. 
 

Demandas

 
Pese a que, como se insiste en señalar, no existen estudios oficiales, según el trabajo y la experiencia acumulada por la FCM y otras organizaciones: “Generalmente es el propio entorno social (ámbito sanitario o educativo) el que asesora a la familia para que proceda a esta práctica, buscando la protección de su hijo, sobre todo de su hija. Sin embargo, no queremos ni muchísimo menos culpar a las familias, que son víctimas de esa percepción social que no pone en valor la capacidad y la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad”, expresa Ana Peláez. Cuando ocurre en mujeres mayores, en adultas, “suelen ser entornos institucionales de organizaciones o centros específicos de salud mental, etc., los que muchas veces, de forma no legal, asesoran en este sentido”, añade la responsable de la FCM.
 
Por eso tiene claras tres demandas que manifiesta durante el acto de denuncia que supone la presentación del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’. En primer lugar: “Es preciso desarrollar un estudio completo sobre las prácticas de esterilizaciones que se están dando todavía en nuestro país. Es preciso que esa situación sea Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI y Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidadtransparente”. En segundo lugar: “Entendemos que es necesario desarrollar una política que indemnice a las víctimas”. Y en tercer lugar: “Es preciso desarrollar una política que garantice que las personas con discapacidad, desde la perspectiva de género, tienen formación sobre sus derechos sexuales y reproductivos y además se tendrá que garantizar que esas personas puedan gozar de su desarrollo sexual y capacidad reproductiva y por eso será preciso revocar cualquier norma contraria al pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, más cuando España ha ratificado tratados internacionales como la Convención de la ONU, o el convenio de Estambul”.
 
El acto finalizaba con el respaldo también del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, representado por Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, quien se hizo cargo de la clausura expresando también su apoyo a las reclamaciones de la FCM y ofreciendo su testimonio como persona con discapacidad: “Una reflexión personal que siempre me hago en este tipo de actos, y es defender la posibilidad y el derecho que tenemos las personas con discapacidad de equivocarnos, hay muchos padres sin discapacidad que tienen hijos y no son buenos padres, las personas con discapacidad tenemos derechos a ser padres y tenemos derecho a equivocarnos y no ser padres perfectos, tenemos derechos a equivocarnos como cualquiera y a acertar como cualquiera, pero sobre todo tenemos derecho a intentar llevar una vida lo más normalizada posible”.
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