"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Jornada “Defensa legal de las personas con discapacidad”
En defensa propia
19/10/2018
Blanca Abella/David Martínez
El CERMI ha repasado junto con actores principales en cuestiones jurídicas y de discapacidad, algunos trabajos que se han elaborado hasta hoy y los que deben abordarse sin demora en este ámbito. Entre otras cosas, se ha hecho hincapié en la necesidad de reactivar la Red de Defensa Legal del CERMI para lograr una necesaria cultura de defensa activa, pero también se insiste en la importancia de continuar trabajando en los informes de Derechos Humanos, en la especial y obligada atención que merecen las mujeres con discapacidad y en los delitos de odio que soportan muchas personas por razón de discapacidad.
Los objetivos de esta red, según explica Moral, son: consolidar y extender una cultura de defensa activa; reforzar el activismo jurídico con arreglo a una visión exigente de Derechos Humanos/Discapacidad y con un enfoque de género; activar a través de múltiples canales y dispositivos la Convención de la ONU sobre Discapacidad y generar una red en torno a estos objetivos en el sector social del CERMI y de sus organizaciones y entidades afines.
Para alcanzar estos objetivos, asegura Óscar Moral, “el trabajo en Red tiene una doble vertiente”, y queda así definida:
- En la defensa jurídica general: alerta temprana y puesta en común de casos o situaciones graves de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad; análisis de casos para preparar respuesta político/jurídica; litigación estratégica a partir de casos o situaciones detectados; establecimiento de clínicas jurídicas de defensa de derechos con universidades y centros superiores educativos de referencia en materia de derechos humanos; formación o cualificación de los componentes de la Red;
- En cuanto a la Convención de la ONU: todo lo anterior, pero aplicado a la Convención a fin de reforzar el papel del CERMI como organismo de la sociedad civil de seguimiento; informes y denuncias ante Naciones Unidas por violación sistemática de derechos de las personas con discapacidad y difusión, mentalización sobre la Convención entre las personas con discapacidad, sus familias, los operadores jurídicos y responsables públicos.
Toda esta actividad y las propuestas que la acompañan deben ejecutarse “con nuestro norte, bajo nuestra guía, que es la Convención de la ONU”, asevera Óscar Moral, que entiende que “no queda más que cumplirla”. Y añade: “El trabajo que nos toca ahora es reactivar, casi reformular (con esa mirada puesta en la Convención) una línea de Defensa Activa”.
En el debate también intervino Javier Rubio Gil, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), quien expuso cómo plantear un caso para litigar estratégicamente. Su experiencia en los últimos años, durante la crisis, en la lucha contra los desahucios le lleva a afirmar que gracias a la sociedad civil y su intervención como actor, se ha producido un cambio profundo en la cultura jurídica del país. “La sociedad civil ha sido la que ha cambiado el guión a partir de 2009” y lo ha logrado con una intensa campaña antidesahucios y la sensibilización de los jueces.
Informe España Derechos Humanos y Discapacidad 2017
Jesús Martín, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, resumió en una serie de conclusiones el informe que cada año elabora del CERMI y que ofrece “una foto lo más nítida posible sobre el grado de cumplimiento de la Convención de la ONU”.
A su juicio, el informe desvela que siguen pesando mucho los “debes frente a los haberes”, ya que se contabilizan en el mismo un 81% de denuncias, tan solo un 7% de propuesta de mejora y un 12% de avances. El artículo 9 es el más vulnerado según el informe, ya que acumula el 71% de las denuncias.
En su intervención, recordó también los datos ofrecidos por el Informe del Comité de derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas sobre educación inclusiva en España. Según Jesús Martín: “Sus conclusiones son contundentes, violamos el derecho a la educación de las personas con discapacidad y segregamos por razón de discapacidad”.
Además, durante la jornada se analizaron algunas de las principales claves de la reforma del Código Civil en materia de discapacidad que acaba de empezar a tramitarse para migrar de un modelo basado en la sustitución de la capacidad jurídica a otro cuyo eje central sean los apoyos en la toma de decisiones a la luz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La mujer con discapacidad
Por su parte, Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), anunció que esta entidad va a realizar anualmente un informe específico sobre la situación de los derechos de las mujeres con discapacidad, con un enfoque “necesariamente feminista”: “Es necesario trabajar desde lo específico, en informes y planes que permitan rastrear las situación de estas mujeres”. En este año 2018 se dará a conocer el primer informe, que presta especial atención a aspectos como la violencia, las esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos y las barreras de acceso al empleo o la vida independiente.
En su intervención, también hace una referencia fundamental a la contribución de la FCM en la redacción de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia y asegura: “Somos muy conscientes de que si el movimiento de las mujeres con discapacidad no estuviera ahí, las mujeres con discapacidad habrían sido obviadas”. Además, recuerda los datos ya ofrecidos en un informe de la propia FCM sobre las prácticas de esterilizaciones a mujeres con discapacidad que todavía se realizan en nuestro país, y denuncia que se calcula que son en torno a unas 100 mujeres al año.
Delitos de odio
En cuestiones de derecho y defensa legal, resulta necesario abordar también el problema que supone en la actualidad los delitos de odio hacia las personas con discapacidad y la jornada ha contado para ello con la mesa ‘El discurso y los delitos de odio hacia las personas con discapacidad’. Alfonso Aya, fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado para los delitos de odio y contra la discriminación, ha expuesto ejemplos de situaciones discriminatorias a través de sentencias judiciales que sufren las personas con discapacidad y ha evidenciado la necesidad de que los operadores jurídicos trabajen de cerca con las organizaciones de la discapacidad para mejorar la protección jurídica.
Y por su parte, Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento contra la Intolerancia, recuerda que se ha creado el término ‘disfobia’ para aludir a los delitos de odio por razón de discapacidad y explicada que la mayor parte de los delitos de odio no se denuncian, por lo que pese a la gravedad de las estadísticas oficiales, siempre hay que pensar que los casos de disfobia y en general de delitos de odio son cuatro o cinco veces superiores a lo que se llega a denunciar. “No solo trabajamos con los delitos de odio, sino también con las actitudes. Cuando se rechaza, se desprecia y no se aprecia a otra persona, la contestación siempre es la misma, que es el artículo 1 de la Declaración de DDHH, que señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, aseguraba Ibarra.
