“Lugar invisible del espacio cósmico que, según la teoría de la relatividad, absorbe por completo cualquier materia o energía situada en su campo gravitatorio”. Esta definición de la Real Academia Española sobre agujero negro, en su acepción astronómica, podría aplicarse a lo que ha sucedido con las residencias en nuestro país durante los meses más virulentos de la pandemia del coronavirus.

 

Las residencias han sido, hasta ahora, un espacio oscuro que servía para alejar a nuestros mayores del “campo gravitatorio” y era el lugar de “absorción” de los abuelos y abuelas. No es un asunto que hayamos tomado en serio, sino una despreocupación para alojar allí a personas que no sabíamos qué hacer con ellas en una sociedad, como la española, donde hemos pasado de protegerlos en casa a enviarlos a residencias sin contar con el presupuesto ni las condiciones adecuadas. 

 

Todos, o casi todos, hemos tenido o vamos a tener a un mayor en una residencia. Nosotros mismos dentro de unos años, pero no hemos sido capaces de afrontarlo con seriedad. El incremento de centros empezó a destacar con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Primero, nació con un problema conceptual al denominarse Ley de Dependencia y olvidarse de la Promoción de la Autonomía Personal. Luego, creció sin un presupuesto real hasta hoy. Todavía mueren miles de personas sin recibir la dependencia.

 

¿Qué hacen las familias para pagar una residencia? Quien puede se busca la vida (vende/alquila la casa del abuelo/a) y acude a una privada (media de  coste, unos 3.000 euros, mes). Quien tiene suerte (tras un proceloso trámite administrativo) consigue plaza en una residencia pública (media de 1.500 euros, mes). Y el resto, a buscarse la vida.

 

¿Cómo es la vida en una residencia? Como un hotel, con servicios de terapia, ayuda, fisioterapia, gimnasia, entretenimiento y profesionales sanitarios para coordinar los servicios. Pero cuando ocurre una urgencia o algún problema sanitario, el mayor va al centro de salud más cercano. 

 

¿Qué ha pasado con los 20.000 ancianos muertos en residencias por coronavirus? De todo. Ha habido muchas y honrosas excepciones, como las residencias que han trabajado a destajo, que han conseguido los equipos necesarios para superar esta situación, que lo han hecho por iniciativa propia y que han salvado muchas vidas. 

 

Sin embargo, en otros centros, se han recibido órdenes contradictorias de las autoridades, se han tomado decisiones erróneas, no se ha controlado la diseminación del virus dentro del centro. Al final, un coste brutal con miles de vidas perdidas y con dramas familiares que no han permitido una despedida y un trato digno.

 

Veamos la frialdad de las cifras. En España, aproximadamente, hay 5.400 residencias con 373.000 ancianos. Por tanto, ha fallecido un 5 por ciento de los mayores en estos centros. El 52 por ciento de las residencias son privadas, aunque prácticamente todas cuentas con financiación pública. 

 

En España, hay unos nueve millones de personas con más de 65 años. De ellos, cerca de un 20 por ciento se encuentra en situación de dependencia y cerca de un 10 por ciento tiene alguna discapacidad. Nuestro país es uno de los más longevos del mundo (solo superado por Japón e Italia) y, por tanto, una de las naciones que más necesita un modelo para cuidar a nuestros mayores.

Los episodios que hemos vivido con la Covid-19 nos demuestran que hemos hecho bastantes cosas muy mal. No podemos dejar a más personas en el camino. Los políticos, da igual el signo político porque todos dirigen comunidades autónomas o el Gobierno central, tienen que ser eficaces y olvidarse, por una vez, de sus “guerras” y entrar en el mundo de la razón, de la organización.

 

Y menos mal que organizaciones como el CERMI Estatal y los CERMIS autonómicos denunciaron esta realidad porque en Comunidades como la de Madrid la situación ha sido angustiosa, al incumplirse los derechos de los ciudadanos.

 

Para empezar, ya es hora de iniciar la aplicación real de un sistema sociosanitario, de enlazar los trabajos sociales con los de salud, de coordinar equipos, de medicalizar de verdad las residencias, de engarzar mejor los centros de salud y hospitales con los centros de mayores. Sobre todo, de habilitar un presupuesto real, de pagar bien a los profesionales, de proveerse de servicios, de suministrar recursos, de comprar equipos, almacenándolos para las épocas más duras. Y de coordinar el Gobierno con las autonomías, que tienen las competencias en esta materia.

 

La naturaleza es un muy sabia. Siempre ha habido pandemias y las diferentes civilizaciones las han superado con cuarentenas. Nosotros hemos tenido que alcanzar las “noventenas” (90 días) para darnos cuenta de nuestra debilidad. Hay que establecer mecanismos adecuados para superarlas. Después de esta última experiencia, las residencias deben dejar de ser un agujero negro para convertirse en el espacio en donde a todos nos gustaría vivir, si fuera necesario. Es una cuestión de justicia, de dignidad humana y de derechos de los ciudadanos.