El presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha presentado durante su intervención los ejes sobre los cuales debería apoyarse esta futura ley. En concreto, el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, el uso más inclusivo de la terminología empleada, la accesibilidad universal como principio rector, la provisión y movilidad, así como la formación de profesionales de la función pública en materia de discapacidad.

 

Así, Vañó ha detallado que “el acceso al empleo es un plano privilegiado para constatar la trascendencia que tiene la actuación de los poderes públicos a través de la aplicación de una estrategia coherente bajo los enfoques de las reglas de la no discriminación y la acción positiva”. En este sentido, la norma tiene que dar un “blindaje legislativo de enfoque inclusivo”.

 

En cuanto a la terminología, se ha instado a la sustitución en todo el texto de la expresión técnicamente más ajustadas, como “trastornos/enfermedad mental” por “problemas de salud mental” e “integración” por “inclusión”.

 

Por otro lado, el presidente del CERMI CV ha incidido en la accesibilidad que, en su opinión, debe constituir “un principio rector dentro de la futura ley de función pública y presidir e inspirar las actuaciones de los poderes públicos por imperativo legal, conformándose como un derecho subjetivo”.

 

Asimismo, la accesibilidad se debe contemplar como “una garantía para el ejercicio pleno y efectivo de otros principios, como la igualdad, publicidad de las convocatorias, transparencia, adecuación de procedimiento o el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos que ya han sido objeto de reconocimiento individualizado como la orientación, el asesoramiento, la defensa jurídica, la formación o la información”.

 

“No puede exigirse a la ciudadanía una relación telemática si la tecnología implantada no es usable y comprensible ni está adaptada a cualquier tipo de necesidad de apoyo y, por lo tanto, introducir los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal no es gratuito, son complementarios”, ha puntualizado.

 

En este sentido, el principio de accesibilidad debe ser parte del texto de la futura ley de función pública y en todas sus dimensiones, de manera que resulte entendida, asumida y aplicada en todas y cada una de ellas: física, cognitiva, actitudinal o comunicativa.

 

De este modo, se han expuesto enmiendas no sólo referidas a las herramientas telemáticas de relación con la Administración, sino también y “muy especialmente” a los procesos de selección y promoción, que “entronca con la formación de los órganos técnicos de convocatoria, evaluación y gestión de la misma”.

 

A su vez, de los procedimientos disciplinarios a empleados y empleadas públicos o a la atención y trato adecuado a la ciudadanía, avanzando en la implantación de sistemas alternativos de comunicación mediante canales telemáticos, como la audiodescripción, estenotipia o pictogramas, o, presencialmente, como materiales en Braille, pictográficos o acompañamiento, mediante personal facilitador, cuyo diseño y perfil profesional ha de trabajarse sin dilación.

 

Por último, el presidente del CERMI CV ha declarado que “la modernización de la Ley de Función Pública, sistematizando su texto, y adaptado a las nuevas realidades de la digitalización, el teletrabajo, la formación o mayores garantías en el acceso, en la promoción y el desarrollo de la carrera profesional o en su finalización exige también acometer otros retos pendientes y dotarla de un enfoque más ambicioso, que no deje a ninguna persona con discapacidad atrás no sólo desde la óptica de la profesionalización sino también de la ciudadanía.”