El acto contó con la presencia de Alberto Durán, vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Aequitas, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.

 

En virtud de este acuerdo, las entidades firmantes participarán en el desarrollo conjunto de actividades en pro de la plena y efectiva inclusión social de las personas con discapacidad. CERMI, el CGN y las Fundaciones ONCE y Aequitas promoverán la defensa de los derechos de este colectivo, eliminando discriminaciones y fomentando el ejercicio de derechos en libertad e igualdad de condiciones que el resto de las personas. 

 

En este sentido, se impulsará la creación de un espacio transversal (con la presencia de universidades, organizaciones sociales, entidades públicas y empresas privadas) para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

 

Asimismo, fomentarán la interacción entre los operadores jurídicos y la sociedad civil para contribuir al desarrollo de políticas públicas y de los necesarios cambios legislativos para adaptar el ordenamiento español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Entre las líneas concretas de actuación destaca la accesibilidad Universal, con actuaciones encaminadas a dotar de accesibilidad -tanto física como jurídica- al sistema de justicia español, para garantizar el ejercicio libre e igualitario de los derechos de las personas con discapacidad.

 

También el fomento del empleo, mediante el desarrollo de programas de formación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector jurídico, así como la organización de encuentros y talleres de ámbito jurídico para incentivar el estudio de los instrumentos que el Derecho ofrece para potenciar la autonomía personal y el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos.

 

Otras acciones son la difusión de noticias y actividades conjuntas en relación con la discapacidad y los derechos humanos; la sensibilización de los operadores jurídicos en materia de derechos humanos y discapacidad; el asesoramiento jurídico a las personas con discapacidad que lo requieran, y la convocatoria de un premio para fomentar las mejores prácticas, experiencias, investigaciones y actividades en materia de discapacidad y derechos humanos.

 

Fuente: Servimedia