Las Comunidades Autónomas tienen hasta fin de este año 2019 para adecuar la prestación ortoprotésica que dispensan a través de sus servicios de salud a la nueva regulación estatal aprobada en el primer trimestre del año, que entró en vigor el 1 de de julio y que otorgaba un plazo de seis meses a los gobiernos autonómicos y a las entidades gestoras para actualizarla.

 

En este proceso de puesta al día de esta importante prestación, el CERMI exige al los gobiernos regionales que establezcan procesos de diálogo y negociación con la representación de la discapacidad organizada de sus territorios, para que el resultado sea consensuado y entre en vigor y esté operativa plenamente el 1 de enero de 2020.

 

Además de que la actualización sea dialogada, el CERMI emplaza a las Comunidades Autónomas que en virtud de su atribuciones, puedan ir más lejos de los mínimos estatales, incluyendo nuevos ítems de artículos y productos que no están en la norma básica y que mejoren las condiciones de acceso a los mismos.

 

La prestación ortoprotésica del sistema nacional de salud fue revisada a comienzos de este año, introduciéndose casi 50 artículos nuevos, tras décadas de paralización, que la habían tornado obsoleta. Aun así, pese a la presión del CERMI, principal interlocutor del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para lograr esta reforma, quedan aspectos de mejora no conseguidos como la inclusión de productos de apoyo para la práctica deportiva, la eliminación de cualquier barrera de edad en el acceso a las prótesis auditivas y la incorporación de últimos artículos que ofrece la tecnología y el mercado, sobre los que la discapacidad organizada seguirá insistiendo al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre.