En concreto, el CERMI pide que en la institucionalización de la evaluación de las políticas se favorezca la participación de la ciudadanía, por sí misma o a través de expresiones cívicas organizadas, en la gestión y seguimiento de los asuntos públicos, mejorando y democratizando la gobernanza pública.

 

Esta es una de las propuestas de la discapacidad organizada al Anteproyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, en trámite de audiencia pública en estos momentos, al que el CERMI ha formulado observaciones de mejora contenidas en un documento de enmiendas.

 

Además de contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad tales como la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la sostenibilidad medioambiental, el CERMI entiende que la evaluación de las políticas públicas debe promover la extensión de los derechos sociales y la satisfacción de las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad social.

 

Asimismo, en el despliegue de la tarea evaluadora, la Administración ha de identificar los grupos de interés más directo de la respectiva política pública objeto de evaluación y los mecanismos previstos para su participación en la misma.

 

Finalmente, el CERMI propone que la evaluación de las políticas públicas se ha de prever la promoción de la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones representativas, como expresión de los grupos de interés, en estas labores.