Esta propuesta está dirigida a modificar la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para que las cantidades ingresadas por la Administración General del Estado en concepto de sanciones por infracción de los derechos de las personas con discapacidad se destinen a este propósito.

 

Así, el CERMI ha propuesto incorporar esta nueva disposición adicional ante los “notables déficits” que todavía existen en nuestro país en cuanto a la consecución del objetivo de accesibilidad universal, en muchas ocasiones, debido a la falta de recursos económicos públicos que sufraguen actuaciones de accesibilidad.

 

De esta manera, estos ingresos dejarían de engrosar indirectamente al Tesoro Público para destinarse específicamente a un órgano especializado de la Administración General del Estado, el organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad, que los dedicaría, por tanto, a la dotación de programas de promoción y extensión de la accesibilidad universal en cooperación con el Tercer Sector de Acción social de la discapacidad.

 

“La orientación finalista de nuevos recursos acelerará la transformación en clave de accesibilidad universal que necesita urgentemente nuestra sociedad”, según el CERMI.