Así lo manifestó ayer viernes la plataforma representativa de la discapacidad, en la reunión telemática mantenida por Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales con la sociedad civil, para recabar su opinión y propuestas sobre los protocolos que se están discutiendo para prevenir los contagios en residencias de personas con discapacidad y personas mayores.

 

Las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo unos cuantos, y los profesionales que se desempeñan en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de interés público sanitario el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19.

 

Ahora mismo, el régimen en las Comunidades Autónomas, es de absoluta disparidad; en unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia.

 

En una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o contención de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad. Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es además de profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno.

 

El movimiento CERMI exigió del Estado y de las Comunidades Autónomas que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten con urgencia sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas del COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.