En concreto, la Diputación de Valladolid ha aprobado por la Junta de Gobierno una instrucción en la que se determina que los órganos de contratación de la Institución provincial incluirán de forma expresa el valor social de la obras en el momento de definir el objeto del contrato y describir las características de sus prestaciones, siempre que lo permita la  naturaleza del contrato. 

 

Las cláusulas sociales se aplican a cualquier procedimiento de contratación siempre que resulten compatibles con el objeto del contrato y su régimen jurídico. 

 

Para la aplicación de dichas cláusulas, la Diputación de Valladolid plantea tres tipos de actuaciones. Por un lado, una oportuna reserva en los contratos que se celebren en los ámbitos materiales donde tengan actividad los Centros Especiales de Empleo. Anualmente se publicará en el perfil del contratante el porcentaje que se haya adjudicado a dichos Centros del volumen total contratado por la institución provincial en el ejercicio anterior. Se propondrán además las medidas necesarias para conseguir que este  porcentaje se incremente hasta el margen porcentual que se considera más apropiado. 

 

Por otra parte, en los expedientes de contratación se podrán incluir criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución orientados a finalidades sociales y vinculados con el objeto del contrato. Así se valorarán criterios como la adecuación de los productos o servicios por personas con discapacidad, caso de que se encuentren por encima de los exigidos por la legislación aplicable; o las características que den satisfacción a las exigencias sociales propias de la población especialmente desfavorecida. Se tendrá en cuenta igualmente la perspectiva de género y también se valorarán los contratos que promuevan el empleo de personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral.

 

Un tercer criterio se aplicará en la adjudicación de los contratos propuestos por empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, empresas de inserción laboral reguladas en la Ley 44/2007, organizaciones de Comercio Justo cuando los contratos posibilitan productos en los que exista alternativa de esta naturaleza, y por entidades sin ánimo de lucro cuando se trate de contratos de prestaciones de carácter social o asistencial.