De este modo, se ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en su ponencia sobre “Justicia y personas con discapacidad” que ha pronunciado hoy en el marco del proceso formativo de magistrados y jueces “Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y la Agenda 2030”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial.

 

Tras exponer la situación general de las personas con discapacidad en España, el responsable del CERMI ha descrito las deficiencias más notables que la Justicia sigue presentando respecto de este grupo social, junto con la formulación de la agenda política y legislativa que ayudaría a regularizar estas relaciones ahora intensamente problemáticas.

 

Además de una mejor regulación legal sustantiva que permita el pleno ejercicio y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, para avanzar en la dimensión inclusiva la Justicia debe asegurar la accesibilidad universal en todos sus entornos y procesos, establecer ajustes de procedimiento, atenuar las barreras económicas de entrada, incrementar su especialización y promover relaciones eficaces de mutua ayuda con la sociedad civil.

 

En suma, la Administración de Justicia, señaló Pérez Bueno, ha de considerar a las personas con discapacidad sector cívico preferencial, dentro del papel que constitucionalmente se asigna a todos los poderes públicos de remoción de los obstáculos que impiden o dificultan el disfrute de los derechos.