Así lo ha manifestado la plataforma de la discapacidad tras conocer que el Pleno del Senado ha aprobado, con la amplia mayoría de la cámara (259 síes y 2 abstenciones), esta proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 156 del Código Penal para la erradicación de esta práctica, que sufren, sobre todo, adolescentes y mujeres con discapacidad. 

 

Para el movimiento CERMI, la aprobación de la erradicación de la esterilización forzosa supone “logro impulsado desde la sociedad civil de la discapacidad, supone la corrección de una anomalía, de una patología de nuestro ordenamiento jurídico, que castigaba especialmente a las mujeres y adolescentes con discapacidad”. 

 

En este sentido, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno ha añadido que “supone una violación gravísima de los derechos humanos, con amparo legal, recogida en nuestro Código Penal, queda por fin abolida, desterrada del tráfico jurídico, constituyendo en adelante, si se practicara, un delito”. 

 

“Ha sido una batalla larga, a veces desalentadora, por falta de receptividad de los gobiernos, de las fuerzas políticas, de los medios, para quienes los asuntos de discapacidad nunca son prioritarios, y siempre hay excusas a fin de no abordarlos”, ha declarado Pérez Bueno. 

 

De la misma manera, ha destacado que “hoy es un día de celebración, porque una vulneración infame de los derechos humanos de las personas con discapacidad cesa; casi 2 años después del logro también por el movimiento CERMI del derecho de voto para todas las personas con discapacidad, obtenemos ahora este avance, que indica el valor que en España tiene la sociedad civil, que es el auténtico y casi único motor de los progresos en materia de discapacidad. En vísperas del Día de las Personas con Discapacidad, es una de las mejores conquistas que podíamos desear”. 

 

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha manifestado que este logro “supone un hecho histórico tras años de lucha por conquistar un derecho fundamental que se ha robado a las mujeres y niñas con discapacidad de este país”. “Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad no se tocan”, ha manifestado.

 

Asimismo, Peláez ha asegurado que “nosotras también somos mujeres y como mujeres queremos ser igualmente reconocidas. El convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre violencia doméstica y violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, son el marco legal de referencia que tiene que tener Europa y la Unión Europea y todos sus países miembros para proceder siguiendo el modelo de España”.

 

Por último, ha añadido que “la esterilización no consentida es un delito y se tiene que perseguir y condenar a quien lo cometa”. También ha agradecido en nombre del CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres a todos los grupos parlamentarios su respaldo para poner fin a esta práctica nociva.