Así lo manifestó ayer el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Marlaska, en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, convocada con carácter urgente tras los últimos episodios de este tipo de delincuencia vividos en el país.

 

El CERMI, miembro de esta Comisión de Seguimiento desde su creación en representación del sector de la discapacidad, alertó del aumento de delitos por motivación de odio contra personas con discapacidad, registrado en las estadísticas oficiales, y planteó la adopción de medidas reforzadas (legislativas, programáticas y de ampliación de medios) contra esta forma de delincuencia.

 

La plataforma representativa de la discapacidad también planteó al Ejecutivo que las organizaciones sociales sean declaradas por Ley entidades colaboradoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los delitos de odio, estatuto que haría más efectiva la prevención, la protección y la atención a las víctimas.