Esta propuesta se incluye en un documento de aportaciones y propuestas elaborado por el movimiento CERMI al Proyecto del Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

 

Así, el CERMI plantea incorporar un nuevo capítulo en esta norma sobre Programas de transición a fórmulas de vida comunitaria para personas con discapacidad o personas mayores institucionalizadas.

 

A través de este programa, se persigue promover la transición de personas con discapacidad con grado oficialmente reconocido de, al menos, un 33%, o personas mayores de 65 años institucionalizadas, considerando como tales a las que residen de modo permanente en instituciones sociales de vida colectiva (residencias, miniresidencias y análogas), a fórmulas de vida comunitaria, para lo cual se pondrá a su disposición una solución habitacional inclusiva en la comunidad de pertenencia.

 

En este sentido, el CERMI plantea la concesión de una ayuda (12.000 euros) por persona con discapacidad o persona mayor de 65 años que decida abandonar la institución social residencial o análoga para trasladarse a una vivienda inserta en la comunidad, que reúna condiciones de habitabilidad, incluida la accesibilidad universal, de la que disfrutaría en virtud de contrato de arrendamiento suscrito por ella misma y del que resulte beneficiaria como arrendatario.

 

La concesión de la ayuda, indica, podrá ser directa a la propia persona con discapacidad o persona mayor de 65 años que, reuniendo los requisitos, transite de un modo de vida institucionalizado a uno inclusivo; o a una Administración Pública o entidad vinculada o dependiente de aquella, o a una entidad social sin ánimo de lucro, de las incluidas en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, que desplieguen y lleven a efecto iniciativas de desinstitucionalización y tránsito a fórmulas de vida inclusiva, siempre que sus efectos sean por cuenta y beneficio de una persona con discapacidad o persona mayor de 65 años beneficiarias del programa.