Desde el movimiento de la discapacidad, que opera como grupo social de interés ante el Legislativo, siempre se había planteado que se estableciera un estatuto jurídico propio de estas estructuras en el que primen el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas.

 

A partir de este acuerdo, el Congreso de los Diputados modificará su Reglamento para dar cabida a la actuación de los grupos de interés definiéndolos, exigiendo su registro y sometiendo sus actividades a una serie de criterios y pautas.

 

El CERMI, como plataforma social que actúa como grupo de interés para el avance de la agenda política de la discapacidad, aplaude que el Congreso dé ya este paso y legisle sobre los sectores que realizan incidencia política, para que el marco jurídico de referencia sea claro y conocido e inspire confianza y seguridad a todos los operadores y a la sociedad.

 

En el ámbito del Estado, solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido un registro de grupos de interés, en el que el CERMI se inscribió desde el primer momento, ya que toda su actuación de incidencia es legítima y transparente, buscando la mejora de las condiciones normativas, presupuestarias, estratégicas o programáticas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad.