La semana pasada se presentó en Granada el III Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Es un congreso importante. Las personas con discapacidad constituyen un colectivo influyente, gracias, en buena medida, al buen funcionamiento del CERMI, que agrupa a 8.000 asociaciones. Se puede comprobar en las numerosas leyes para el colectivo aprobadas en los últimos años, en las que el CERMI ha facilitado la negociación y el acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios.

 

Sin embargo, el mundo de la discapacidad, y la sociedad española en general, tienen un gran reto pendiente en esta legislatura. Es la reforma del artículo 49 de la Constitución, un artículo que supuso un avance en 1978 pero que en la actualidad resulta no sólo obsoleto sino denigrante. La Constitución no puede seguir refiriéndose a las personas con discapacidad como disminuidos ni acercarse a ellas desde una concepción médico-rehabilitadora sino que debe presentarlas como titulares de derechos que merecen una especial protección para que la igualdad sea real y efectiva.

 

En 2018, al final de la XII legislatura, se alcanzó un acuerdo entre todos los grupos políticos y las organizaciones representativas sobre un nuevo texto constitucional para la protección y promoción de las personas con discapacidad. Modifica la terminología; pone el énfasis en la titularidad de derechos y deberes; hace referencia a la "especial protección" para alcanzar la plena autonomía, como había dicho el TC, y menciona a los tratados internacionales suscritos por España, por su especial incidencia en este ámbito.

 

En la actual legislatura, ese texto ha sido remitido por el Gobierno a las Cortes Generales para su aprobación definitiva, con la inclusión de recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado. Dado que el acuerdo político estaba cerrado podría culminarse con celeridad. Es una reforma simple de la Constitución que se tramita como cualquier ley, con la diferencia de que requiere el apoyo de 3/5 de cada Cámara. Y aquí está el problema. Al precisarse una mayoría de 3/5 significa que debe apoyarlo también el PP. Y ya sabemos que, en su política de oposición destructiva, se niega a cualquier acuerdo. Los perjudicados en este caso son las personas con discapacidad. En 2021, la Constitución no puede seguir refiriéndose a ellas como disminuidos que requieren un tratamiento médico-rehabilitador, sino como titulares de derechos. Es una cuestión de dignidad de la persona y con la dignidad no se juega.

 

Fuente: Granada Hoy