También a aquellas personas mayores y con discapacidad que residen en sus domicilios pero que reciben apoyos imprescindibles para su vida diaria a través de asistentes personales, programas de autonomía personal o de ayuda a domicilio, entre otros.

 

A través de una estrategia nacional urgente, que debe ser aprobada con inmediatez, hay que dotar de todos los apoyos a estos centros, humanos, clínicos y de suministros de prevención y protección, evacuando a recursos clínicos, estables o de nueva creación (hospitales de campaña), a todas las personas en riesgo a las que no se les pueda asegurar su integridad vital si siguen institucionalizados o sin garantía de los recursos precisos cuando residen en sus domicilios.

 

En términos médicos y sociales, no hay nada más prioritario que la población mayor y con discapacidad que reside en centros colectivos, que están sufriendo el mayor impacto de la pandemia.