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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 10 de diciembre de 2021cermi.es semanal Nº 462

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Entrevista

Ana Isabel Gracia, secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT

"Debería abrirse una mesa de diálogo social específica en materia de discapacidad"

10/12/2021

Rafael Olea

“La discapacidad no debe ser un motivo de discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro de la igualdad de oportunidades”, precisa la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda del sindicato UGT, Ana Isabel Gracia. Por ello, reclama un puesto en la mesa del diálogo social para la discapacidad “que comprometa a las partes firmantes”. Además, en materia de vivienda, considera necesario reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad y que los hogares dejen de ser "una 'celda' donde estén recluidas las personas con discapacidad".

La secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia.
Recientemente, mantuvo una reunión con representantes del Cermi para fortalecer la relación entre el movimiento social de la discapacidad y su sindicato. ¿Cómo valora este encuentro? ¿Cómo es la interacción que mantienen con el CERMI?
 
Magnífica. Son ya muchos años de reivindicaciones y actuaciones conjuntas con el firme propósito de lograr la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad, junto con la promoción y la defensa de sus derechos. No en vano, uno de los fines de UGT es lograr la mejora de la calidad de la vida de las personas con discapacidad, mediante el establecimiento de medidas que impulsen la inclusión social a través de un empleo de calidad, una formación adecuada, y la consecución de la accesibilidad universal.
 
Un hecho importante en nuestra andadura común, fue la firma, en 2017, del Convenio de colaboración suscrito entre UGT, Fundación ONCE y CERMI, con el objetivo de conseguir la plena inclusión e igualdad de las personas con discapacidad, especialmente en materia de derechos laborales. Con este convenio, ambas organizaciones renovábamos nuestros compromisos ya adquiridos en el anterior convenio en 2008.  Esta reactivación de compromiso mutuo, no solo ha supuesto el fortalecimiento de nuestra alianza, sino que, en este nuevo convenio, se han incluido novedades importantes para actuar en ámbitos que abarcan desde la reivindicación social, la igualdad en el empleo, la formación sindical y la accesibilidad universal. Con el objetivo común de lograr la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad; y la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, colaboramos activamente y son numerosas las actuaciones conjuntas en las que las dos organizaciones nos hemos apoyado e implicado.
 
Para nuestro Sindicato, es fundamental la intervención coordinada de ambas organizaciones, y nuestro apoyo es mutuo en cuantas acciones favorezcan el acceso y mantenimiento del empleo de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad.
 
¿Cree que la discapacidad debe tener más presencia en el diálogo social?
 
Por supuesto, no puede ni debe ser de otra forma. Para UGT, el diálogo social con el Gobierno, donde estamos representados los interlocutores sociales, es decir, sindicatos y organizaciones patronales, es fundamental para contribuir y realizar una labor conjunta en el diseño, el desarrollo y la evaluación de cualquier medida o política de discapacidad. 
 
Desde UGT consideramos que debería abrirse una mesa de diálogo social específica en materia de discapacidad. Son muchas las cuestiones que deberían abordarse si queremos avanzar y consolidar la igualdad de oportunidades de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Cuestiones, que son esenciales e indispensables para la aplicación de las políticas de discapacidad en el empleo; así como la reformulación, el análisis y el cumplimiento de la legislación actual en esta materia.
 
Como Sindicato, hemos reivindicado la necesidad de diseñar, desarrollar y evaluar las medidas de discapacidad. Desde UGT, lo tenemos claro, como lo demuestra el hecho que ya desde 2005, y aunque no existía ninguna mesa de diálogo social que tratase la discapacidad, la abordamos en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. Y nuevamente en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, donde aparecen medidas específicas para promover la igualdad de trato y oportunidades y la contratación de las personas con discapacidad, como es la mejora de las perspectivas de empleo; facilitar su contratación, integración, conservación del puesto y promoción; o asegurar un lugar de trabajo seguro, accesible y saludable para las personas con discapacidad.
 
Nuestra postura es clara y firme: la discapacidad no debe ser un motivo de discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro de la igualdad de oportunidades su tratamiento. Y un acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social que comprometa a las partes firmantes es un instrumento fundamental para conseguirlo.
Ana Isabel Gracia, secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT.
¿La nueva reforma laboral, que están negociando con el Gobierno y el resto de los agentes sociales, tendrá en cuenta a las personas con discapacidad? 
 
Durante años, las políticas con discapacidad, han sufrido un estancamiento, en parte, eclipsadas por otras prioridades de la agenda política y una reducción del gasto público en política social. Todo ello supuso, la dejadez en el desarrollo y el avance en la igualdad efectiva de los grupos más vulnerables, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. 
 
Ni qué decir tiene, que si bien, estamos en un momento de recuperación del empleo, no se aprecia una mejora de la calidad del mismo, tal y como lo demuestran las altas tasas de temporalidad, que afecta especialmente a las personas con discapacidad, o las contrataciones a tiempo parcial que tienen una incidencia directa sobre los salarios, mucho más reducidos que si se tratasen de jornadas a tiempo completo, con menores cotizaciones sociales, y por ende unas prestaciones sociales, como son las pensiones de jubilación, de menor cuantía. 
 
Con la nueva reforma laboral, tenemos la oportunidad de poder atajar la excesiva temporalidad y la precariedad laboral; superando las consecuencias perniciosas de la reforma laboral de 2012, que degradó las condiciones laborales y salariales; y reducir los efectos en el empleo de la pandemia del Covid-19, impulsando cuantitativa y cualitativamente los PAE (Puntos de Atención al Emprendedor), con especial atención a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
 
En la actualidad, la voluntad política está alineada con la intención de los interlocutores sociales, de mejorar de la calidad del empleo, lo que incluye tratar, en la mesa de diálogo social, la renovación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y la reforma de las Políticas Activas de Empleo, comprometida en el Acuerdo por la Reactivación Económica y por el Empleo que firmamos con el gobierno; y donde, efectivamente, las personas con discapacidad no sólo forman parte, sino que tienen la consideración de grupo prioritario en los programas comunes de activación para el empleo. 
 
¿Debe aprobarse un nuevo modelo legal de inclusión en el empleo para las personas con discapacidad?
 
Esta reflexión inclusiva, representan un reto en sí mismo, ya que cualquier política activa de empleo, debe operar como un instrumento útil y eficaz en la inclusión laboral. Mecanismos como la cuota de reserva, los centros especiales de empleo, el empleo con apoyo o los enclaves laborales facilitan la transición desde el empleo protegido a la empresa ordinaria; y son un complemento imprescindible a lo largo de la vida laboral de las personas con discapacidad. Además, operan como impulsores de la mejora de la empleabilidad y la igualdad de oportunidades tanto en el acceso al empleo, y la calidad del mismo.
 
Antes de entrar a considerar si es necesario cambiar el modelo de inclusión en el empleo, se deberían valorar la eficacia de los instrumentos actuales, para detectar los posibles fallos. En ese momento, estaremos en posición de estimar la necesidad de modificar y mejorar los dispositivos de empleo actuales, como son el empleo ordinario y el empleo protegido; o bien plantear la idoneidad de un engranaje totalmente nuevo.
 
De lo que se trata es que las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad actúen de palanca para mejorar su inclusión laboral, reduciendo las necesidades de depender de políticas de protección ante la falta de ingresos laborales, y, al mismo tiempo, se fomente, en las empresas, el aporte de la discapacidad, en el funcionamiento y productividad de las mismas.
 
Evidentemente, todo ello en consonancia con el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual está dedicado al trabajo y el empleo, de forma que ninguna disposición sea contradictoria con lo establecido en el mismo. Y, en caso necesario, se adapte la normativa laboral existente a la Convención, y con un enfoque en clave de derechos humanos.
 
Muchas mujeres con discapacidad tienen doblemente difícil acceder o mantenerse en el mercado laboral. ¿Qué propuestas considera que hay que hacer para acabar con esta doble discriminación?
 
UGT es un sindicato feminista. Así nos definimos y así está en nuestro ADN; y por ello luchamos por eliminar la invisibilidad social y laboral de las mujeres con discapacidad, la cual limita su posición social y sus posibilidades de ejercer los derechos que, como ciudadanas, se alcanzan a través del empleo.  No olvidemos que gracias al trabajo obtenemos beneficios no sólo económicos sino también personales y psicológicos, nos sentimos útiles, interrelacionamos, interactuamos socialmente; a la vez que generadores de derechos de protección social. 
Ana Isabel Gracia (2)
Hay que eliminar los estigmas tradicionales de la discapacidad que dificultan una imagen y percepción normalizada, y que operan negativamente, y causan soledad, aislamiento y dificultades de socializarse. Consideramos que la mujer con discapacidad es víctima de una doble discriminación y es fundamental visibilizar su problemática, darla a conocer a la sociedad y, a través del desarrollo e implementación de políticas públicas se deben erradicar las desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres con discapacidad en la sociedad.
 
Las mujeres con discapacidad soportan mayores prejuicios y estereotipos que distorsionan su imagen social y laboral. Sus oportunidades de acceso al empleo, su autoestima y una vida autónoma, va a depender en buena medida del apoyo que las ofrezcamos, incluso desde sus primeros años de vida y que serán la base para su inclusión social y laboral, y de la concepción que tengan de sí mismas. 
 
Las dificultades con las que se encuentran suelen basarse en estereotipos sociales y referidos al género, y que tienen su origen en el desconocimiento, el rechazo y el recelo social. Estos prejuicios operan como barrera social para su integración e incluso van minando su autoestima, lo que conlleva que las mujeres con discapacidad se desmotiven y abandonen su búsqueda de empleo, lo que explica la alta tasa de inactividad de este grupo de la población trabajadora, con mayores tasas de desempleo, y salarios más bajos. Por ello, hay que desarrollar acciones de sensibilización, de conocimiento y de una mayor información de la discapacidad, para desterrar percepciones, tanto en la sociedad como en el tejido productivo, sobre la menor habilidad de las mujeres con discapacidad, y el mayor absentismo por el hecho de ser mujer, que actúan como estereotipos negativos, debiendo atajarlos a través del conocimiento 
 
Es fundamental visibilizar la discapacidad, a través del incremento del número de trabajadoras con discapacidad ya que, probablemente, modificaría la concepción social, al aumentarse su visibilidad y con ello positivar su juicio social. Si no se permite, a las mujeres con discapacidad, acceder a un empleo difícilmente se puede demostrar que pueden desarrollar su trabajo igual que las personas sin discapacidad.
 
¿Y cómo puede conseguir ese objetivo a favor de la empleabilidad de mujeres con discapacidad?
 
Desde UGT estimamos necesaria la implantación de programas de empleo específicos para las mujeres con discapacidad, que ofrezcan oportunidades, y faciliten el acceso a un puesto de trabajo, que les permita su independencia económica. Además, hay que proporcionar, a las mujeres con discapacidad, los recursos necesarios para hacer frente a su día a día, y a su futuro profesional, y que mejor manera que actuando desde los primeros niveles educativos, facilitando el acceso a la formación y valorando su importancia la vida social y laboral.
 
Garantizar el acceso al mercado laboral de las mujeres con discapacidad se antoja como un elemento básico para alcanzar su plena inclusión en la sociedad. Por ello, nuestras propuestas se desarrollan desde una perspectiva de género, como cauce imprescindible para que la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres sea un derecho real y efectivo.
 
Aparte, ¿cuáles son las otras principales líneas en materia de discapacidad que va a impulsar UGT?
 
El empleo de las personas con discapacidad, es una de nuestras prioridades a la hora de desarrollar la acción sindical tanto en las empresas como en nuestro papel de interlocutores sociales. Conscientes que el empleo es una cuestión de derechos humanos hemos que querido potenciar y facilitar su acceso a las personas con discapacidad, a un empleo que sea de calidad. Es un factor clave de participación e inclusión social para las personas con discapacidad, especialmente para el desarrollo personal y profesional, y el escenario esencial de socialización y de independencia económica. Este es el enfoque que defendemos, acorde con los principios de la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad.
 
Los instrumentos están ahí, pero, aún hoy en día, continuamos detectando discriminaciones en el acceso al empleo, falta de accesibilidad, peores condiciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad, e incluso rechazos en sus puestos de trabajo. Ante esta situación, continuamos trabajando por conseguir la equidad laboral, ya que sin ella no hay igualdad laboral. Todos con derecho a acceder a un puesto de trabajo y al mantenimiento del mismo.
Ana Isabel Gracia.
Por ello, es fundamental incluir cláusulas a través de la negociación colectiva que establezcan garantías para que las personas con discapacidad accedan al empleo y puedan permanecer en su puesto de trabajo, estableciéndose, para ello, los ajustes razonables necesarios que les permitan trabajar; junto con la intervención en protocolos de actuación y cuantas medidas sean necesarias para alcanzar el objetivo básico que desde UGT es la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
 
Desde UGT perseguimos la integración laboral en el mercado ordinario de las personas con discapacidad, velando específicamente por alcanzar la igualdad de trato y oportunidades de estas personas, garantizando sus derechos sociales y laborales, la igualdad de trato y oportunidades, tanto en el acceso al empleo como en el desarrollo de la relación laboral, y en la previsión y prevención de posibles escenarios de discriminación por motivo de la discapacidad. A través de una acción sindical integral y transversal, posibilitamos la incorporación de las personas con discapacidad en las empresas, junto con el cumplimiento legal de la obligación de contratar a las personas con discapacidad en el empleo ordinario, la promoción en el trabajo y el mantenimiento del mismo en caso de una discapacidad sobrevenida. 
 
Otra de nuestras prioridades es el fomento de la permanencia en las empresas en los casos de la discapacidad sobrevenida, mediante entornos laborales accesibles y la realización de los ajustes razonables que sean necesarios para una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad de que se trate. De esta forma, los trabajadores y trabajadoras con discapacidad puedan desarrollar su trabajo productivo sin condicionantes que mermen o dificulten el uso de sus conocimientos y capacidades. 
 
Cerca de 100.000 personas con movilidad reducida nunca salen de casa en España por falta de accesibilidad en sus viviendas. ¿Cuál es su postura sobre la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que propone el Cermi? 
 
Indudablemente, desde UGT compartimos con el CERMI la necesidad de promover la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, de forma que se garantice la accesibilidad de los elementos de los inmuebles, y que sus propios hogares no sean una “celda” donde estén recluidas las personas con discapacidad, por no poder salir de ellas, debido a las barreras arquitectónicas. La falta de un ascensor, de una rampa o de una plataforma no puede significar su confinamiento de por vida. Además, consideramos necesario fomentar el arrendamiento asequible y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional.
 
La accesibilidad constituye uno de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un derecho de las personas con discapacidad y, un deber de los Estados, garantizar la accesibilidad su entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos y libertades.
 
Para avanzar en la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, se deben conseguir entornos plenamente accesibles. Es fundamental, la implantación e implementación efectiva de la accesibilidad universal, tanto de los bienes y servicios, como el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible y unos los entornos laborales, eliminando las dificultades puedan surgir a la hora de acceder al empleo en las mismas condiciones que el resto de trabajadoras y trabajadores.
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