En materia educativa, lo más urgente para el movimiento social de la discapacidad es acabar con la segregación educativa por razones de discapacidad. El sistema educativo español viola los mandatos internacionales de derechos humanos –la semana pasada la ONU condenaba a nuestro país por esta situación- al mantener estructuras educativas no inclusivas, especiales, en las que se segrega a parte del alumnado con discapacidad, más de 40.000 estudiantes. La segregación por razón de discapacidad es la única que se admite, sin conciencia si quiera de su grado intolerable de discriminación y exclusión. Esto pasa por reformar la Ley Orgánica de Educación, para terminar con la educación especial e instaurar un modelo educativo inclusivo, con apoyos efectivos.

 

En cuestiones sanitarias, las demandas básicas al nuevo Gobierno son fundamentalmente dos; primero, la reforma integral de la prestación ortorpotésica del Sistema Nacional de Salud, es decir, de los productos de apoyo y ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, audífonos, cojines antiescaras, etc.) que devuelven autonomía a los pacientes que han perdido ciertas funcionalidades. Esta prestación lleva 20 años sin actualizarse y está completamente obsoleta, además de comportar un copago elevadísimo, que expulsa a muchos paciente del acceso a la misma.

 

La segunda es la de crear de verdad un espacio sociosanitario, real y efectivo, del que solo se habla pero nada se avanza. Muchas discapacidades solo se pueden abordar holísticamente, de modo integral, en la dimensión social y sanitaria, no separadamente, como se hace ahora, que aboca al fracaso.

 

Respecto de las cuestiones estrictamente sociales, la petición más urgente aquí es consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que corre grave peligro. Para el sector de la discapacidad esto implica que las Cortes tramiten sin más dilación la Iniciativa Legislativa Popular del CERMI contra el copago confiscatorio, que lleva meses de retraso en el Congreso. Esta ILP (apoyada por casi de 740.000 firmas) establece una regulación que eximiría del copago a más del 85% de las personas beneficiarias del sistema actualmente, que se ven obligadas a “comprar" lo que supuestamente es un derecho.