"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Antonio-Luis Martínez-Pujalte, director del I Congreso Nacional sobre Derecho de la Discapacidad 2017
"Nos preocupa la deficiente sensibilidad y el deficiente conocimiento de la Convención de la ONU por parte de los jueces y magistrados"
09/06/2017
Beatriz Sancho
El Año Europeo de las Personas con Discapacidad, celebrado en 2003, significó un punto de inflexión vital para Antonio-Luis Martínez-Pujalte porque convirtió a la Discapacidad en su fuente inagotable de conocimiento personal y social que, emanando cada vez con más intensidad, "cambió" su vida por completo. Tanto es así que este Doctor en Derecho ha dedicado su investigación, casi en exclusiva, al Derecho de la Discapacidad, por el que apuesta como disciplina jurídica autónoma, y le ha llevado a erigirse, se trasluce en su discurso, como protector y defensor acérrimo de los derechos de las personas con discapacidad, de su plena inclusión. La actitud bélica adquirida en el camino elegido, su profundo convencimiento de que la dignidad humana es idéntica en cada ser, o su pasión por lograr la igualdad de oportunidades para todos, le convierten en la persona idónea para dirigir el 'I Congreso Nacional sobre Derecho de la Discapacidad 2017', que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Elche, y sobre el que Martínez-Pujalde nos introduce.
A lo largo de los últimos años se ha hablado bastante en España, aunque quizás no lo suficiente, en jornadas académicas y congresos sobre la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y conviene seguir haciéndolo, pero en este caso, el I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad quiere poner el foco de atención, por vez primera, en el derecho español de la discapacidad.
El propósito de la Fundación Derecho y Discapacidad, que es de donde parte la decisión de organizar este congreso, es que seamos capaces de construir un derecho español de la discapacidad, ya que cada vez con más frecuencia se subraya que el Derecho de la Discapacidad puede tener una consistencia como disciplina jurídica autónoma, como sector normativo propio. El I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad servirá para examinar cuál es su situación y cuáles son sus deficiencias. Ese es el objetivo.
La decisión de organizar este espacio también forma parte de los objetivos fundacionales de la Fundación Derecho y Discapacidad, entre los que se encuentra la necesidad de formalizar estudios y propuestas normativas sobre el modo en que las disposiciones jurídicas puedan contribuir a una mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad.
¿De qué expertos se nutre el congreso para alzar sus propuestas?
En España, cada vez más, hay juristas que se están especializando en derecho de la discapacidad, desde luego es mi caso, pero también hay un grupo de investigación importante en materia del Derecho de la Discapacidad como el existente en la Universidad Carlos III. A la cabeza está el profesor Rafael de Asís, que será ponente en el congreso.
Sin embargo, desde distintos ámbitos jurídicos también se están estudiando cuestiones relevantes para las personas con discapacidad como, por ejemplo, desde la Fundación Æquitas donde se ha trabajado mucho y muestran un especial interés por el sector que representa, el de los notarios, en las cuestiones relativas a la capacidad jurídica. Su directora, la notaria Almudena Castro-Girona, también será ponente en el evento.
Otros de los ponentes del congreso proceden de asociaciones del movimiento de la discapacidad, en su mayoría asesores jurídicos de las mismas como es el caso de Óscar Moral, del CERMI, o Torcuato Recover, de Plena Inclusión, etc.
Afinando con la amplitud que consideres, ¿qué propuestas concretas serán las que pondréis sobre este espacio en pro de la igualdad de las personas con discapacidad y también para que la consciencia colectiva asuma "las discriminaciones que se pertrechan aún sobre esta población"?
A lo largo del congreso se hablarán de muchísimos temas, pero por señalar algunos de los déficit más graves respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad se pondrá sobre la mesa la permisión por parte de la legislación española de la esterilización forzosa; la privación del ejercicio al voto de muchas personas con discapacidad; la educación inclusiva, que es uno de los temas fundamentales, y la necesidad de reformar la legislación en materia de capacidad jurídica.
Aunque también se hablará de otros como de las nuevas vías para garantizar una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya que los datos reflejan que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado del todo bien. Esperamos además que del congreso salgan propuestas realmente significativas.
¿Quiénes deberían estar allí además de las personas que acudan motu propio?
Toda la comunidad jurídica. De hecho, desde aquí invito a la comunidad jurídica al completo a participar en este congreso bien directamente, bien presentando comunicaciones o bien como asistentes. Lo suyo es que la comunidad jurídica siga con atención lo que se diga en este congreso y las reflexiones que se harán porque nos encontramos ante un campo fundamental que no es sectorial ni especializado, hablamos de una cuestión nacional y de ella dependerá que nuestro país sea una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva.
"Lo suyo es que la comunidad jurídica siga con atención lo que se diga en este congreso porque nos encontramos ante un campo fundamental del que dependerá que nuestro país sea una sociedad verdaderamente igualitaria e inclusiva"
La concienciación, la sensibilización son claves para lograr la empatía de los poderes públicos. Tienen que conocer la CDPD para aplicarla adecuadamente. De esto hablaréis en el congreso que diriges. ¿Alguna fórmula mágica, en este sentido, que reduzca esta empresa para que veamos los derechos de las personas con discapacidad respetados antes de lo que se espera?
La cuestión de la toma de conciencia y la sensibilización son fundamentales. Uno de los problemas que hay en España es que no solo tenemos deficiencias en nuestra legislación en relación con los derechos de las personas con discapacidad, sino que, además, existe, aunque quepan excepciones, una falta de sensibilidad generalizada de los operadores jurídicos hacia los derechos de las personas con discapacidad.
"Existe, aunque quepan excepciones, una falta de sensibilidad generalizada de los operadores jurídicos hacia los derechos de las personas con discapacidad"
Este congreso tiene que contribuir también a esa concienciación, y esperamos que concite el interés y la participación de una representación importante de la comunidad jurídica porque tiene que servir también para fomentar el interés y la sensibilidad de estos operadores jurídicos.
No conozco una fórmula mágica que podamos utilizar para ello, así que lo que tenemos que hacer es trabajar, concienciar, difundir, etc. Desde luego, para nosotros, y hablo ahora no solo como director del congreso, sino también como patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, un factor de preocupación fundamental es la deficiente sensibilidad y el deficiente conocimiento de la Convención de la ONU, que es muy grave, por parte de los jueces y magistrados. Hay excepciones, pero se puede afirmar con carácter general.
"Nos preocupa la deficiente sensibilidad y el deficiente conocimiento de la Convención de la ONU por parte de los jueces y magistrados"
¿Cómo paliar esta ignorancia, esta desidia, este desinterés?
Al margen de un congreso como el que estamos tratando y en el que también participarán personas procedentes del estamento judicial, en el patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad nos planteamos la organización de cursos de formación para personal judicial que pueda contribuir a difundir la CDPD que, como hemos dicho tantas veces, es un cambio de paradigma muy importante que cuestiona ideas que tradicionalmente se habían asumido como doctrina consolidada por los profesionales del derecho.
El campo en el que esto se ve con enorme claridad es el de la capacidad jurídica. Pasar de un modelo de sustitución de la toma de decisiones a uno de apoyo es muy difícil porque rompe con esas ideas tradicionales que la comunidad jurídica ha mantenido desde siempre. Esto marca, afecta, y exige un cambio generacional, pero no podemos esperar a que este se produzca, aunque es una dificultad objetiva que hay que tener en cuenta.
¿Quizás aportar, sembrar conocimiento, que la gente sepa, sepultar la ignorancia sería una herramienta importante para que se respeten los derechos fundamentales de las personas con discapacidad contenidos en la Convención de la ONU a nivel global?
El conocimiento es fundamental sí, que se conozca la Convención es muy importante, y además que se reconozca el cambio de paradigma que representa el tratado internacional, es decir, que exige abandonar viejos esquemas y cambiarlos por otros. Solo en la medida en que se pueda dar este paso podremos proteger los derechos de las personas con discapacidad.
"Solo en la medida en que se reconozca la Convención como un cambio de paradigma que exige abandonar viejos esquemas y cambiarlos por otros podremos proteger los derechos de las personas con discapacidad"
A esto hay que añadir y subrayar la falta de conocimiento de la CDPD por parte de los operadores jurídicos, insisto, y principalmente de los jueces a quienes acuso de este desconocimiento. Sin embargo, no se termina solo en ellos, también hay que subrayar otro factor importantísimo para que aún no se respeten en España ciertos derechos fundamentales de las personas con discapacidad: la falta de voluntad política.
"La falta de voluntad política es otro factor importantísimo para que aún no se respeten en España ciertos derechos fundamentales de las personas con discapacidad"
Es incomprensible que algo tan sencillo como modificar la ley electoral para permitir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad no se haga, que no se haya hecho en ocho años desde la entrada en vigor de la Convención. Los partidos políticos hablan de ello, pero al final no hacen nada, no está en sus agendas.
Aquí cabe señalar que el movimiento de la discapacidad organizada, sobre todo desde el CERMI, ha realizado una gran tarea para situar a la discapacidad en la agenda, pero hay que insistir todavía más para conseguir esa influencia política necesaria.
La revolución exitosa, si buena, precipita la evolución. ¿Por qué entonces hay tanta reticencia para cambiar los códigos civiles nacionales, las normas? ¿Cómo mover, conmover esas raíces inmovilistas de estos tratados normativos anquilosados que nos rigen, y que no evolucionan al ritmo de la población, de la humanidad? ¿Qué piensa de las sanciones?
Nuevamente, la clave está en dos líneas de acción paralelas que son, por un lado, la que engloba todo lo referente a la formación y la sensibilización de forma particularmente importante en los profesionales del derecho y, por otro, la de la reivindicación y la influencia política.
Sin embargo, aunque todavía hay muchas deficiencias, no deberíamos despreciar los aspectos positivos hemos conseguido. Por ejemplo, hace unos días hubo una sentencia importante que reconoció la discriminación hacia unas personas con discapacidad para acceder a un establecimiento hotelero, y se pusieron las sanciones correspondientes. Existen avances, movimientos positivos, aunque desgraciadamente se producen más lentamente de lo que muchos deseamos. Las sanciones están bien. Debemos generar obligaciones. Esas sanciones al establecimiento son un ejemplo, pero hay que propiciar otras.
¿Por qué se perpetúan estos códices, quiénes son las personas o instituciones concretas responsables de vetar las actualizaciones de estos códices? ¿Qué freno casi inexpugnable nos hace pararnos a nivel ejecutivo, legislativo, judicial?
Se perpetúan porque todavía persisten esquemas mentales viejos y porque la Convención de la ONU no ha penetrado en las conciencias y ni siquiera en la conciencia generalizada de los juristas. Tenemos que trabajar para que siga penetrando y para que nuestras reivindicaciones tengan una respuesta política. Aunque todavía no ha servido para nada efectivo, fue muy acertada la concentración que realizamos delante del Constitucional para defender el derecho al voto para todas las personas con discapacidad. Esta línea tenemos que continuarla también.
"No se actualizan las normas y los códigos porque todavía persisten esquemas mentales viejos y porque la Convención de la ONU no ha penetrado en las conciencias, ni siquiera en la de los juristas"
Esquemáticamente, ¿cuáles son las principales reformas, y cómo hacerlas para conseguir una mayor celeridad en su realización, que deben realizarse en nuestra legislación para conseguir las principales demandas del movimiento asociativo de la discapacidad: el voto para todos, la educación inclusiva, la abolición de las esterilizaciones forzosas, etc.?
Las principales reformas que hay que hacer, por ser las más importantes y las más urgentes, son seis. Unas son fáciles y otras algo más complejas, pero no por su complejidad pueden dejar de ser abordadas ninguna de ellas.
Dentro de las fáciles, es muy fácil reformar la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para suprimir el aborto eugenésico; también es fácil transformar el Código Penal para suprimir la esterilización forzosa y, por último, la Ley Electoral cuya transformación evitaría la privación del derecho al sufragio a las personas con discapacidad que a día de hoy no pueden ejercerlo.
Luego hay otras tres reformas un poco más complejas. Aquí está la del Código Civil respecto a la capacidad jurídica y la reforma de la legislación educativa para avanzar hacia la educación inclusiva. Respeto a este último tema, como es razonable, no se puede decretar y suprimir de golpe los centros de educación especial, sino que se tiene que realizar un plan de transición y garantizar que la educación ordinaria sea inclusiva, y eso tiene también sus dificultades. La tercera reforma dentro de las menos fáciles, sería la de la ley de enjuiciamiento civil para suprimir el internamiento forzoso por razón de discapacidad, que exigiría otras reformas, como la de la legislación sanitaria.
Diría que lo que fundamentalmente nos aporta la comprensión de la Filosofía del Derecho es la comprensión de que todas las personas revisten una dignidad intrínseca, y que esa dignidad no depende de las características diversas de la persona: ni el sexo, ni la raza, ni la discapacidad, o la que sea.
Esa consciencia de la dignidad intrínseca a toda persona es lo que, en último término, fundamenta lo que hoy denominamos el modelo social de la discapacidad que se basa, fundamentalmente, en la consideración de que las personas con discapacidad tienen la idéntica dignidad que cualquier otra persona y, por tanto, deben gozar de la plenitud de sus derechos del mismo modo que los demás y con la máxima autonomía y libertad.
"Esa consciencia de la dignidad intrínseca a toda persona de la Filosofía del Derecho fundamenta el modelo social de la discapacidad: las personas con discapacidad tienen la idéntica dignidad que cualquier otra persona"
Por contextualizar un poco tu vinculación personal al Derecho de la Discapacidad: eres doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Cómo terminas implicado, imbricado, montado en los derechos fundamentales y la discapacidad?
Mi dedicación al derecho de la discapacidad, mi contacto con el mundo de la discapacidad se produce como consecuencia de un cargo de responsabilidad política. Fui director de gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ente el 2002 y el 2004, coincidiendo con la celebración del año europeo de las personas con discapacidad, y me proporcionó un contacto muy directo con el CERMI y con las distintas asociaciones del mundo de la discapacidad.
Como consecuencia, en esos dos años hicimos muchas cosas, fue cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Opotunidades, vigente durante mucho tiempo, y otros avances normativos importantes. Y ese contacto con el mundo de la discapacidad me permitió comprobar la realidad de que las metas para conseguir la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad estaban todavía muy lejanas.
Desde entonces me parece que es muy importante trabajar en este ámbito porque había y hay mucho que hacer, también desde el punto de vista académico, para defender y fundamentar los derechos de las personas con discapacidad. Es por ello que, desde hace más de diez años, mi línea de investigación predominante, por no decir exclusiva, es el Derecho de la Discapacidad. Y esta elección se ha visto facilitado por la amistad que he tenido con muchísimas personas con discapacidad que lideran asociaciones del movimiento organizativo de la discapacidad.
