"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Adiós, esterilización, adiós
04/12/2020
Blanca Abella
Ha sido una batalla larga y a veces desalentadora, a juicio del CERMI, pero la victoria es total y el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios del Senado así lo demuestra. Este miércoles, se aprobaba definitivamente la erradicación de la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. La lucha que inició el movimiento CERMI hace años ha sido constante y diaria, difícil, pero alentadora, pues se trataba de “conquistar un derecho fundamental que se ha robado a las mujeres y niñas con discapacidad de este país”, en palabras de Ana Peláez, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres.
Desde la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, el CERMI ha venido exigiendo reiteradamente al Gobierno la derogación de la posibilidad de esterilizar a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sin su consentimiento.
En septiembre de 2011, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, instó al Reino de España a eliminar de raíz esta regulación, ya que es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Violación inaceptable de derechos
Apenas un par de meses después, Ana Peláez, comisionada de Género del CERMI, pidió en el Congreso de los Diputados que se revisase el artículo 156 del Código Penal, en una comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde explicó que, en general, la causa de incapacitación de hombres y mujeres con discapacidad es distinta. En el caso de los varones, afirmó, suele hacerse con el fin de nombrar a un tutor para que gestione su patrimonio, mientras que en el de las mujeres, el objetivo es, mayoritariamente, autorizar su esterilización.
En el mismo mes de junio de 2012 y durante la presentación de la Conferencia Internacional 'Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con Discapacidad' que organizaba el CERMI, Peláez, acompañada de la directora Ejecutiva de CERMI, Pilar Villarino, explicaba que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo" y por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto.
Sin embargo, pocas semanas después, el Ministerio de Justicia descarta eliminar el artículo 156.2 del Código Penal porque considera que no se trata de una vulneración de sus derechos. No obstante, estudiará la regulación de un "procedimiento especial" para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente del CERMI, quien había rogado al Ejecutivo la supresión del citado artículo por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y atenta contra los Derechos Humanos.
A pesar de todo, un Consejo de Ministros de octubre de 2012 da el visto bueno al anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que entre otros aspectos modifica el de la esterilización forzosa de las personas con discapacidad.
Los ODS
La inestabilidad política de aquellos años no facilita el trabajo del movimiento asociativo. En mayo de 2016, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) exigen de nuevo que se erradiquen definitivamente las esterilizaciones forzosas a la población femenina con discapacidad, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Ambas entidades se hacen eco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados ese mes de septiembre, que reconocen la importante dimensión de desarrollo que suponen tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Para el CERMI y la FCM, el reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas en general, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, constituye una pieza clave para lograr el cumplimiento de estos Objetivos.
Finalizando ese año, el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) aprobaba la declaración ‘No más esterilizaciones’, un documento en el que se denuncian las esterilizaciones forzadas, que sufren principalmente mujeres y niñas con discapacidad, al que mostró su adhesión la FCM. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio de Estambul prohíben expresamente la práctica de esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen tres veces más posibilidades de ser sometidas a la esterilización que la población en general.
2018
Ambas entidades han trabajado de manera conjunta en el informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’, donde presentan una serie de recomendaciones para prevenir esta práctica o, mejor, para terminar con ella. Además, recogen las justificaciones que se esgrimen a la hora de la esterilización y las consecuencias negativas de la misma. Y por supuesto, se pone de manifiesto la estrecha vinculación entre la esterilización y la privación de la capacidad jurídica.
Poco después, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprueba una Proposición No de Ley para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad. La iniciativa, impulsada por el Grupo Mixto a instancias del PDeCAT, sale adelante por 22 votos a favor y 14 abstenciones del Partido Popular.
A finales de ese año 2018 el movimiento de la discapcidad celebra un logro histórico con la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para reponer en el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, y entonces el movimiento CERMI decide centrar su tarea de incidencia política en la erradicación de la esterilización forzosa del Código Penal.
2019
En el comienzo de este nuevo año, el Gobierno empieza a estudiar una posible reforma del Código Penal con la vista puesta en la prohibición de las esterilizaciones sin consentimiento de las mujeres con discapacidad. El Ejecutivo decidide constituir una comisión de expertos con el objetivo de abordar la posible modificación del texto "para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad".
En marzo de 2019, la ciudad suiza de Ginebra, sede europea de la ONU, acoge el examen a nuestro país sobre la aplicación de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad. El Comité de la ONU pide explicaciones sobre cuestiones pendientes que les preocupa, como son la esterilización forzosa.
Con el nuevo gobierno pendiente de conformarse, el CERMI reclama a los grupos parlamentarios que la supresión del Código Penal de la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente sea una de las primeras leyes que se aprueben en la nueva Legislatura, si esta finalmente se consolida y no hay disolución de las Cámaras.
Mientras, en septiembre de 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) requiere información a España acerca de las medidas tomadas para revocar el artículo 156 del Código Penal y así eliminar la esterilización en todas las mujeres con discapacidad sin que hayan prestado el consentimiento informado correspondiente.
PASOS DECISIVOS
Diciembre de 2019 es el momento definitivo. Ciudadanos registra en el Senado la proposición de ley cuyo fin es modificar el Código Penal a fin de erradicar la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. A partir de una propuesta del CERMI y de FCM, la iniciativa parlamentaria busca eliminar el párrafo concreto que despenaliza esta práctica.
En febrero, la FCM pide a todos los grupos parlamentarios del Senado que apoyen con su voto la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación del Código Penal para suprimir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente. La Proposición de Ley, cuyo texto ha sido inspirado por el CERMI y la FCM y presentada por Ciudadanos, llega al Pleno del Senado.
El 26 de febrero, el Senado aprueba la toma en consideración de una proposición de Ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. La FCM y el CERMI expresan su "satisfacción" ante lo que califican de "hito histórico". Un par de meses después, se insta a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a tramitar con celeridad la iniciativa legislativa.
En el mes de septiembre de este año comienza la tramitación de la iniciativa legislativa inspirada por el movimiento CERMI para erradicar de nuestro ordenamiento jurídico una práctica gravemente atentatoria contra los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente mujeres y jóvenes.
El 2 de diciembre, el Senado aprueba la erradicación de la esterilización forzada de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. “Hoy es un día de celebración, porque una vulneración infame de los derechos humanos de las personas con discapacidad cesa; casi 2 años después del logro también por el movimiento CERMI del derecho de voto para todas las personas con discapacidad, obtenemos ahora este avance, que indica el valor que en España tiene la sociedad civil, que es el auténtico y casi único motor de los progresos en materia de discapacidad. En vísperas del Día de las Personas con Discapacidad, es una de las mejores conquistas que podíamos desear”, celebra el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
Pilar Villarino, patrona secretaria de la FCM, firmaba en este boletín del CERMI un artículo de opinión sobre la derogación de la esterilización forzosa bajo el título "Relato de un caso de éxito".
Por su parte, la vicepresidenta de la FCM, Ana Peláez, manifiesta que este logro “supone un hecho histórico tras años de lucha por conquistar un derecho fundamental que se ha robado a las mujeres y niñas con discapacidad de este país”. “Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad no se tocan”, ha manifestado.
