Pandemia Coronavirus
El CERMI insiste al Gobierno en que la discapacidad esté presente de manera reforzada en la regulación del ingreso mínimo vital
Durante una reunión junto a otras entidades de la sociedad civil con los ministros Pablo Iglesias y José Luis Escrivá, la entidad ha pedido que esta renta básica tenga vocación de permanencia, más allá de la excepcionalidad generada por la pandemia
09/04/2020
El CERMI insistió este jueves al Gobierno en la necesidad de que la futura regulación de un ingreso mínimo vital a nivel estatal tenga en cuenta de manera reforzada a las personas con discapacidad, como sucede con otras muchas prestaciones sociales.
![Imagen de la reunión telemática con Pablo Iglesias sobre la regulación del ingreso mínimo vital](../Render/Render-10625.ashx?IdImagen=28934&w=400)
Así lo trasladó la plataforma representativa de la discapacidad en España durante una reunión telemática celebrada este jueves con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, acompañados por miembros de los equipos de cada departamento. El
CERMI participó en este encuentro junto a otras entidades sociales como Facua, Oxfam Intermón, la
Plataforma del Tercer Sector (PTS) y entidades miembros de esta última, como Cáritas y EAPN España.
Durante la reunión, el CERMI agradeció al Gobierno que la discapacidad haya sido tenida en cuenta como operador de este diálogo y puso en valor que, “tras décadas de esperas y omisiones, estemos acariciando la garantía de un ingreso mínimo en el Estado, que no existía, más allá de medidas autonómicas insuficientes”.
![Imagen de la reunión telemática con Pablo Iglesias y José Luis Escrivá sobre la regulación del ingreso mínimo vital](../Render/Render-10626.ashx?IdImagen=28935&w=400)
La entidad indicó que, aunque para hacer frente a la “grave situación social” ocasionada por la pandemia se aprueben medidas especiales, la regulación de la renta mínima estatal “debe tener vocación estructural y de permanencia” y que debe estar dentro de la Seguridad Social “con carácter de derecho subjetivo”.
Apoyó los planteamientos globales de la Plataforma del Tercer Sector e hizo hincapié en que la discapacidad y la dependencia deben estar presentes de “manera reforzada”, como “ya ocurre con otras muchas prestaciones de la Seguridad Social, incrementando la prestación o facilitando los requisitos de acceso”.
Por último, el CERMI sugirió al Gobierno que las entidades sociales puedan ser declaradas como colaboradoras en la gestión de esta nueva prestación social, a fin de que pueda llegar a personas que están “alejadas” del día a día de las administraciones públicas.