El parque móvil de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) no dispone de vehículos accesibles (coches patrulla, etc.), carencia que impide transportar en condiciones de dignidad y seguridad a personas con movilidad reducida (usuarias de silla de ruedas, etc.) que son detenidas o que deben cooperar con la fuerza pública o con la Justicia en alguna función oficial (testigos en juicio, declaraciones en atestados policiales, personación en comisarías y cuarteles, etc.).

 

A juicio del CERMI, la accesibilidad universal ha de llegar a todo tipo de servicios, incluidos los relacionados con la seguridad pública, y esto pasa por contar con vehículos policiales accesibles, que den respuesta a las necesidades de todos los potenciales usuarios.  

 

Para favorecer que la accesibilidad del parque móvil policial, el CERMI se ha dirigido al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a fin de que investiguen la situación y planteen soluciones a estos déficits en el servicio.