La razón de salud pública invocada para la suspensión de los programas de vacaciones sociales de mayores es más válida y perentoria aún en el caso de los programas de vacaciones sociales para personas con discapacidad, recuerda el CERMI, toda vez que la situación de salud de la población con discapacidad que acude a esta forma de turismo social, es más frágil que la de las personas mayores, estando pues más expuesta y siendo más vulnerable a los efectos del coronavirus.

 

Es cierto que ambos programas (mayores y discapacidad) tienen regímenes y modos de gestión no coincidente, pero más allá de estas formalidades, la cuestión de fondo es más preocupante para las personas con discapacidad, por lo que la respuesta ha de ser la misma, suspensión por causa de fuerza mayor dictada por la autoridad última responsable (el IMSERSO).

 

Para el CERMI, dar un tratamiento distinto a realidades sustancialmente idénticas carece de lógica desde el punto de vista de las medidas de contención de la crisis de salud pública que experimenta España en estos momentos.

 

En atención a esos motivos de peso, el CERMI exige del IMSERSO se amplíe con la máxima celeridad la suspensión a los programas de vacaciones sociales de personas con discapacidad.