Tras 150 números publicados, a lo largo de tres años y cuatro meses, los principales temas o asuntos tratados en este medio de expresión del CERMI han variado poco, si bien, hay etapas en las que la actualidad política, principalmente, urgen a concentrar los esfuerzos en unas cuestiones, sin dejar de lado la lucha por las permanentes demandas que el sector de la discapacidad mantiene, por necesidad, por derecho propio a reclamar lo que es debido.

 

En los últimos meses, quizá en el último año, la actividad del CERMI ha sido intensa, pero ha volcado sus esfuerzos con mayor intensidad en las siguienets cuestiones:

 

 

Tras numerosas entrevistas que trataban este tema, reportajes, artículos... el tema del copago no se agota y sigue siendo una de las principales batallas del sector, hasta el punto de que con el comienzo de este nuevo año, 2015, el CERMI inicia también una campaña de opinión para la captación de firmas de impulso de una iniciativa legislativa popular de reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. "Afirma tus derechos, firma contra el copago", es el lema de la campaña. 

 

En un reportaje publicado en cermi.es semanal, Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps y autora del estudio 'La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia' desvelaba algunas de las principales reclamaciones del sector, afirmando: “La regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema. Si la participación es muy desigual, tendremos que plantearnos si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. Creo que el que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que "copaga" una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”.

 

Y en el tema del copago existe una comunidad autónoma que centra casi toda la atención del resto del país, se trata de la Comunidad Valenciana, de tal manera que el pasado mes de diciembre de 2014, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, anunció que en caso de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no deje "sin efecto y con carácter inmediato" la nueva regulación legal de la tasa de copago en centros o residencias para mayores y personas con discapacidad, promoverá un recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, alertó de que la Comunidad Valenciana vive una "situación excepcional" que, a su juicio, "está muy cercana al Estado de alarma y casi de sitio" en términos sociales y de derechos de inclusión y bienestar para las personas con discapacidad. Y esto, a pesar de que en el mes de octubre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulaba el decreto que establecía los precios públicos en los servicios sociales.

 

 

La reforma del Código Penal, que aun está pendiente y de hecho se debate estos días en el Congreso de los Diputados, merece una atención constante del CERMI y ha protagonizado un par de reportajes en los últimos tiempos, además de entrevistas y artículos de opinión. Incluso, Carlos Ríos Espinosa, experto del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de visita en nuestro país, reclamaba hace unos meses junto al CERMI una revisión del régimen legal de las medidas de seguridad previstas para las personas consideradas inimputables por razón de discapacidad en la reforma del Código Penal para que se respeten sus garantías básicas y los estándares de la Convención de la ONU. Carlos Ríos insistió en que no se puede sacar a las personas con discapacidad del Derecho Penal, porque es una forma de "negarles su dignidad" y "privarlas de garantías".

 

José Mª Sánchez Monge, presidente de FEAFES, ante la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2014, explicaba en estas páginas: "Antes el Código Penal castigaba a una persona por el delito cometido y por este se establecía una pena. Ahora no. Ahora dicen: “tú eres el autor, a ver qué patología tienes. Por esa enfermedad mental te voy a aplicar unas medidas de seguridad. Pero a los tres años o a los cinco, voy a revisarte para comprobar si tienes capacidad de hacer una cosa como esta o peor”. De esta forma, no miran el hecho, sino la patología de la persona". 

 

 

Aunque siempre ha ocupado un lugar de honor en estas páginas, la reclamación del espacio sociosanitario sigue siendo una constante. Semana tras semana y años tras año, nos ocupamos de buscar ese espacio y entender las razones de su complicada configuración. Hace un par de meses, en noviembre de 2014, el CERMi adoptó finalmente un documento de posición política y técnica en materia sociosanitaria, con la pretensión de incidir en el debate político que mantienen la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la creación de este espacio. 

Roser Romero, comisionada de Autonomía Personal del CERMI, decía ya en los primeros meses de este boletín que “este es otro de los grandes incumplimientos legislativos, ya que la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, del año 2003, ya habla de ello y explica cómo hay que hacerlo”. A su juicio es lamentable que después de una década “tengamos que seguir luchando por conseguirlo”. De hecho, opina que las voluntades políticas siguen “enfrentadas a pesar de haberse demostrado que es mucho más económico y que se podría ahorrar y, además, mejorar la calidad para las personas que lo precisan”. 

 

 

Desde la llegada de la LOMCE, el CERMI ha hecho un mayor hincapié en la importancia de la educación inclusiva, y es que, tal y como se reflejaba en la mesa redonda celebrada en el número 105 de este boletín, la LOMCE conduce a la 'mala educación'. Y según relataba este reportaje de debate, "La LOMCE no apuesta por la educación inclusiva, saltándose así las normas más importantes y de alcance internacional, de derechos humanos, como la Convención de la ONU sobre Discapacidad. Los participantes en esta mesa son muy críticos con esta norma, hecha demasiado deprisa y como un mosaico, a trozos. A juicio de casi todos ellos, la LOMCE es una oportunidad perdida, la educación inclusiva una herida abierta, y los alumnos con discapacidad siguen estando segregados y faltos de apoyos. La supuesta calidad de esta ley se basa sobre todo en resultados".

 

Y a partir de ahí, el CERMI ha insistido en la necesidad de lograr una mayor y mejor formación, ampliando sus reivindicaciones a los estudios superiores y otras partes del sistema educativo. Así, según el II Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, tan solo un 9,2% de los universitarios con discapacidad acceden a estudios superiores de posgrado, máster y doctorado, una cifra que sin embargo ha aumentado respecto al estudio anterior. Se trata de una investigación social dirigida a analizar el grado de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español y su evolución respecto al primer estudio. Durante la presentación del informe, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que la población con discapacidad sigue estando “infravalorada” en el sistema universitario “con todo lo que ello supone”. En este sentido, ha subrayado los efectos que la formación universitaria tiene sobre las posibilidades de empleabilidad, en un momento en el que la tasa de actividad de las personas con discapacidad con título universitario se eleva hasta el 55% frente al 36% de aquellos que no lo poseen. 

 

 

Los últimos tiempos han sido también prolíficos en cuanto a información, estudios y trabajos en torno a la accesibilidad, que se conforma como una de las grandes entradas al sistema, a cualquier sistema, la puerta abierta a la inclusión social, educativa, cultural, laboral... Es por eso que el CERMI, hace unas semanas, también decidió promover una campaña denominada "Construyamos accesibilidad", para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, una reforma reclamada desde los inicios de este boletín, y antes. 

 

Además, se publicó un reportaje sobre el 'Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013', cuyos datos concluyen que el 75% de los edificios destinados a vivienda en España no son accesibles. Tal y como explica Carlos Sánchez, técnico de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE: "El estudio concluye que existe una falta de accesibilidad universal en las viviendas que habitamos, es decir, el diseño de las mismas no responde a las necesidades de las personas con independencia de sus capacidades. A este respecto, se detecta una falta de soluciones arquitectónicas y en las instalaciones que afectan en distinto grado a todos los colectivos de personas con discapacidad. Partiendo de esa base, el impedimento que puedan tener las personas que por falta de movilidad no puedan salir de sus casas debido a la falta de itinerarios accesibles en la comunicación horizontal y vertical es un hecho gravísimo".

 

Y también recientemente, el presidente del CERMI, Luís Cayo Pérez Bueno, compareció en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Socialista, para presentar a la Cámara el informe ‘100 denuncias 100’, un documento elaborado por el CERMI que recoge un centenar de casos reales de toda España sobre vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal. La Defensora del Pueblo, por su parte, ha abierto una investigación sobre un total de 97 denuncias de vulneración de derechos de las personas con discapacidad por "ausencia de accesibilidad universal" del total de, centenar de reclamaciones presentadas por el CERMI.

 

 

Si bien es una cantinela que podría entonar una gran parte de la población, la falta de empleo, o las penosas condiciones del mismo, hace necesaria la continua vigilancia del CERMI y sus entidades, o la reivindicación, reclamación, negociación, estudios, informes, congresos... y en esta última etapa del boletín del CERMI ha sido uno de esos congresos el que mejor ha reflejado la situación del empleo en el sector de la discapacidad. La celebración en nuestro país de la Conferencia de Workability International 2014 ha merecido un amplio reportaje y varias entrevistas que resumen las cuestiones principales del entorno laboral en discapacidad. 

 

La inclusión laboral de las personas con discapacidad en los distintos países del mundo es dispar. Desigual como la idiosincrasia de cada una de sus culturas, de cada territorio que pueda nombrarse. Los expertos internacionales en este tema así lo verifican, aunque se empeñan en dar con el elixir que realice el pleno empleo de las personas con discapacidad en el planeta, independientemente del país en el que coexistan. La fórmula magistral, no obstante, se resiste. No hay una para todos, aunque se insiste en la búsqueda.

 

Desde el CERMI, también se trabaja de manera intensa en este asunto, con acciones como la denuncia a las Administraciones Públicas ante la Defensora del Pueblo por no cumplir la cuota de reserva en la oferta extraordinaria de empleo público; o la celebración de una jornada sobre empleados públicos con discapacidad, además de la constante reclamación de las clásulas sociales en las contrataciones públicas... 

 

 

Es tal el empeño del CERMI en lograr el espacio merecido para la mujer con discapacidad que hace tan solo unos días culminaba un proyecto creado con ese fin, la Fundación CERMI Mujeres, un nuevo instrumento al servicio de la igualdad de género en el movimiento social de la discapacidad. Su objetivo es el de garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad, sus madres y cuidadoras, puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades. La fundación, hace apenas unos días, definía su plan de actuación para 2015, que incluye cerca de 15 actividades a desarrollar a lo largo de todo el año. Entre ellas, la elaboración de una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad.

 

 

La Marcha SOS Discapacidad fue uno de los momentos más destacados que ha vivido la discapacidad, como movimiento y familia, en los últimos años. Uno de los momentos más extraordinarios acontecidos en estos tres años y pico de vida de esta publicación. La marcha inundó las calles de la capital con 90.000 personas procedentes de toda España para pedir que se respetasen los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en Madrid. 

 

Fruto de la crisis, la terrible situación de la gran familia de la discapacidad hacía necesaria una marcha por la dignidad, reclamando el fin de los recortes, el pago de las deudas, el impulso de unas leyes aprobadas y no cumplidas... la voz de todo el movimiento asociativo de la discapacidad, desde lo local, lo autonómico, lo nacional, lo europeo y lo internacional, acusa a la “abominable” crisis económica de la paralización de iniciativas nuevas justificadas en su nombre. 

 

Junto con este hito, meses atrás este boletín resumía los principales temas que se han tratado en los primeros 100 números, temas que siguen de actualidad en su mayoría y conviene revisar a menudo. Pasadas unas semanas, en el número 130, el boletín también dedicó un espacio especial a esta fecha.

 

 

Y como complemento necesario para toda la información que el CERMI genera y para todo el trabajo que afronta, el boletín ha publicado más de 150 reportajes y unas 200 entrevistas que tratan estos temas fundamentales en el ámbito nacional, regional y local, incluso europeo o internacional.

 

El boletín del CERMI ha recogido en esas 200 entrevistas a lo largo de estos 150 números las palabras, los pensamiento, las reflexiones sobre temas de interés para el CERMI de responsables políticos de todo orden, de representantes del mundo asociativo y del mundo empresarial, así como de muchas otras personalidades, o incluso personas anónimas, que han aportado a este medio más conocimiento, algo más de sabiduría y sobre todo una información que suma a favor de la inclusión. En cualquier caso siempre un punto de vista enriquecedor.

 

Entre todos los entrevistados cabe destacar la presencia de los responsables de los CERMIS Autonómicos; todos ellos han pasado por este boletín, algunos incluso en más de una ocasión, y a menudo repetimos comunidad, ya que también cambian las responsabilidades. Por ejemplo, hace muy poco entrevistábamos a Mayte Gallego, nueva presidenta del CERMI Comunidad de Madrid.

 

Asimismo, hemos citado entre nuestros invitados a grandes responsables del mundo político (aunque no todos han podido responder a nuestras inquietudes), representantes de gobiernos que son, finalmente, aquellos a los que se dirige en primer lugar este boletín informativo, siguiendo la seña de identidad del CERMI, que define como principal objetivo de su existencia la incidencia política.

 

Así, han caminado por estas páginas digitales personalidades como Trinidad Jiménez, secretaria de Política social del PSOE (en dos ocasiones), Alberto Ruiz Gallardón (como alcalde de Madrid), Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad (en más de tres ocasiones), Ramón Jáuregui, diputado socialista (en más de una ocasión), José Antonio Griñán (siendo presidente de la Junta de Andalucía), Francisco Vañó, portavoz de Discapacidad del PP, Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, Elena Valenciano, secretaria general del PSOE (en dos ocasiones), Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la UE, Adolfo Jiménez, secretario general de la OISS, Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid (en dos ocasiones), José Antonio Monago, presidente del Gobierno de Extremadura (dos veces), Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Viviane Reding, entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía, José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno de las Islas Baleares, Paulino Rivero, presidente de Canarias, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Alberto Garre, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Laura Seara, diputada del Grupo Socialista, Portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Blanca Hernández, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género y Rosa Estarás, Diputada Europea del Grupo Popular.  

 

Y más, muchos más, otros perfiles políticos que quizá no sean de primera fila, pero sí claves e importantes al tratarse de expertos y técnicos en la gestión de políticas que competen a este sector y que finalmente también contribuyen a un trabajo diario por lograr un mundo más justo para todos.

 

Del mismo modo, hemos cedido la palabra a decenas de representantes de las diferentes entidades del mundo de la discapacidad, ya fuera de carácter nacional, autonómico o local incluso, por su lucha por la educación inclusiva, o por las iniciativas a favor de un acceso universal, por amor al arte, por la mujer y las niñas con discapacidad, por el empleo para todos y por cualquier motivo que tenga como objetivo lograr la inclusión definitiva de un sector que, hoy en día, se mantiene con demasiada frecuencia en las filas de la exclusión.